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Los constructores rechazan de plano la revisión del Plan General de Ordenación

La patronal de la CAC ve riesgos en "desclasificar suelo edificable" y teme que "el urbanismo acabe en campo de batalla judicializado"

Los constructores rechazan de plano la revisión del Plan General de Ordenación

La patronal de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) rechaza de plano que Oviedo precise de una revisión de su Plan General de Ordenación (PGO), un proceso que el tripartito ya ha iniciado con vistas a licitar este año la redacción del futuro documento urbanístico. "Nos parece absolutamente innecesario modificar el PGO y no vemos ninguna razón de peso que lo justifique; el Plan actual data de 2006 y tendría una vigencia de 20 años, ya que no se ha ejecutado más que un cuarenta por ciento de sus previsiones", explica Daniel García Balbín, director general CAC-Asprocon. En este punto, Balbín apostilla que "lo aconsejable es que a los diez años de un Plan se estudie si hay razones de peso para una revisión, pero creemos que Oviedo no está en ese supuesto".

Pero a la cabeza de su rechazo, la CAC-Asprocon manifiesta "una razón de mucho peso, que es cómo las revisiones de planeamiento en el siglo XXI se han convertido en un campo de batalla política, por una parte, y además en un campo que se judicializa permanentemente", expone Balbín, quien señala "los casos de Gijón o Llanes", con sus respectivos planes anulados por sentencias judiciales. En cambio, "en Oviedo tenemos la ventaja de un urbanismo estable y no sujeto a este tipo de cuestiones, y entendemos que abrir sin necesidad una espita nos puede dejar en un situación de manifiesta inseguridad jurídica que atenta a la economía, a la confianza de los inversores o a la de los promotores inmobiliarios".

Al particularizar en las razones del tripartito para revisar el PGO, García Balbín critica "esa tendencia a la ciudad compacta o al urbanismo sostenible que busca desclasificar suelos urbanizables en la corona de la ciudad, o en las zonas de crecimiento y traer esas edificabilidades al centro". Para Balbín, "los suelos sobre los que esa propuesta pudiera funcionar -San Claudio, La Manjoya, Rayo-Mercadín, Tenderina...-, ya son caso consumados". Por ejemplo "La Manjoya está urbanizada, es decir, ya hay carreteras, ya hay abastecimiento y saneamiento de aguas, electricidad y hasta línea de autobús". La CAC-Asprocon no ve "cómo se puede echar todo eso atrás y hacerlo tendría consecuencias económicas por indemnizaciones". Balbín agrega que "en el caso de San Claudio hay cosas por desarrollar, pero también muchos planes parciales e incluso con alguna edificación consolidada". En el mismo apartado de revertir las clasificaciones de suelo urbanizable, la CAC-Asprocon previene de la "falsa teoría de que todo aquel suelo que se clasifique como urbanizable se transforma". Dicho de otro modo, "que un suelo esté clasificado no significa que se vaya a edificar, porque es el mercado el que de alguna manera pone orden". Balbín evoca "lo que pasa cuando no hay suficiente suelo clasificado porque se ha establecido un 'crecimiento cero'; sucedió con el Plan Mangada en Madrid o con el Plan Rañada en Gijón, que generaron inflación en el precio del suelo y de la vivienda".

Los constructores también critican "por ideológico o demagógico" que la revisión del PGO pretenda evitar "la segregación social por la ubicación de las viviendas protegidas en zonas determinadas, que califican de guetos". Balbín replica al respecto que "no vemos segregación por ninguna parte porque están coexistiendo vivienda libre y protegida de forma perfectamente natural en muchos ámbitos". Además, "queda muy mal estigmatizar al comprador de vivienda protegida como si fuera alguien de una escala social diferente".

Respecto a otros frentes de la revisión, los constructores admiten que "se pretende introducir en el PGO dos piezas que tiene sentido planificar desde ya y que son claves para la ciudad: la antigua Fábrica de Armas de La Vega y el antiguo HUCA". Pero en ambos ámbitos los constructores temen "que se cambien aprovechamientos privados por aprovechamientos públicos, es decir, especular con el patrimonio público al haber detraído viviendas de donde ya estaban planificadas para llevarlas a esos espacios". Por otra parte, Balbín juzga que "La Vega y el antiguo HUCA no justifican revisar el PGO, porque hay otros instrumentos para planificar esos ámbitos, como las modificaciones puntuales de planeamiento". Por último, en cuanto a la rehabilitación de vivienda, "el PGO actual en ningún momento la imposibilitan y propugnarla no parece una justificación sólida para la revisión".

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