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Una denuncia de Masip lleva a la Fiscalía a investigar la operación de "Villa Magdalena"

El ministerio público abre diligencias para esclarecer si hubo algún delito en "la reconocida mala gestión" del palacete

Una denuncia de Masip lleva a la Fiscalía a investigar la operación de "Villa Magdalena"

La Fiscalía del Principado ha incoado diligencias para investigar si hubo delito en alguno de los pasos de la operación urbanística de "Villa Magdalena". El ministerio público comenzó a investigar el asunto a partir de una denuncia presentada por el alcalde de Oviedo entre 1983 y 1991 por el PSOE, Antonio Masip.

En el escrito que acompaña la denuncia -a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA- Masip explica que siendo él Alcalde, en el año 1986, la corporación aprobó por unanimidad el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) "donde consta la preservación del conjunto del palacete y finca ajardinada conocida como 'Villa Magdalena' para desarrollar en el segundo cuatrienio de vigencia del plan". Masip expone en su denuncia que mientras él fue Alcalde "promovió el cumplimiento de esa reserva urbanística" y que "ignorando los trámites seguidos" se enteró con posterioridad por los medios de comunicación que se formuló la expropiación del palacete "por un errático itinerario administrativo".

En este punto de la denuncia, Antonio Masip relata que "fueron sorprendentes hitos la venta a un tercero del bien expropiable en la cantidad de tres millones de euros y la sospechosa no consignación de la originaria tasación, resultando, en definitiva, que el Ayuntamiento pudiera verse compelido a pagar, por reconocida mala gestión, una astronómica cantidad cercana a los sesenta millones".

El exalcalde de Oviedo, que también fue eurodiputado en Bruselas con el PSOE, asegura en la denuncia remitida a la Fiscalía del Principado que no le constan "detalles de responsabilidades habidas" pero que entiende que "procede la investigación pública de semejante perjuicio que amenaza a Ayuntamiento y vecinos", pues, a su juicio "de la reconocida mala gestión pudiera haberse cometido delito perseguible de oficio".

El Tribunal Supremo falló hace unas semanas a favor de la retasación del precio de expropiación del palacete, lo que aboca al municipio al pago de 33 millones de euros más por la expropiación del inmueble, hoy biblioteca. El municipio ya ha desembolsado por él otros 30 millones de euros entre el precio inicial de la expropiación y los intereses derivados. El gobierno tripartito también anunció que iniciaría acciones legales para depurar responsabilidades.

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