La Consejería de Sanidad está preparando una normativa tan necesaria como repleta de incertidumbres. Necesaria, porque la mayoría de las comunidades autónomas disponen de ella, y el Gobierno asturiano lleva prometiéndola desde 2002. Arriesgada, porque implica amenazas por su coste económico y las reticencias que genera en el único aliado político del Ejecutivo regional, Izquierda Unida.
El decreto que fijará tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas entrará en vigor, según los planes de Sanidad, "en el último trimestre" de este año. Sin embargo, sus efectos se harán reales tras un periodo de transitoriedad que podría oscilar entre seis y doce meses. Es decir, la Administración sanitaria se otorgará un tiempo de tregua encaminado a poner en cierto orden sus abultadas cifras de demora. De lo contrario, al día siguiente de entrar en vigor la norma podrían ser cientos, o incluso algún millar que otro, los pacientes asturianos que acudieran a los mostradores de la red sanitaria reclamando su nuevo derecho a ser atendidos en un centro público o privado -siempre a costa de la sanidad pública- porque ya se hayan rebasado dos meses de espera para una exploración diagnóstica o seis meses para determinados tipos de operaciones. El desembolso económico tendría que ser muy sustancial.
En febrero de 2003, este periódico publicó un borrador de lo que por entonces se denominaba ley de derechos y deberes de los pacientes, comprometida por el Gobierno regional el año anterior, a raíz del traspaso de competencias sanitarias. Recogía aspectos reiteradamente invocados, como la libre elección de médico y de centro, el derecho a una segunda opinión de un facultativo o la garantía al "acceso a las prestaciones sanitarias en el tiempo mínimo posible que legal o reglamentariamente se determine".
La semana pasada, y de forma un tanto sorprendente, la Consejería de Sanidad anunció que estaba ultimando un decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria mucho menos ambicioso, pero que sí fija dos plazos máximos: dos meses para colonoscopias, mamografías, ecografías, tacs y resonancias deberán hacerse en un plazo tope de dos meses; y 180 días para intervenciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria), operaciones de cataratas, histerectomías e implantes de prótesis de cadera y rodilla.
¿Por qué este inesperado arranque de la Consejería de Sanidad? En primer lugar, habría que decir que no puede tacharse de apresurada una norma que lleva en danza desde 2002. Luego, habría que recordar que estamos en plena precampaña electoral. Un tercer factor fue la proposición de ley de garantías de prestaciones sanitarias presentada por el PP y debatida en la Junta la semana pasada. Uno de sus elementos medulares era la oferta de alternativas a los enfermos con largas esperas. No prosperó, y los votos del PSOE contribuyeron a ello, y es muy probable que los socialistas no consideraran de recibo rechazar una iniciativa de esta naturaleza y seguir sin dar soluciones a los usuarios.
Pero el movimiento de la Consejería de Sanidad originó una enérgica reacción de IU. Gaspar Llamazares manifestó que cualquier propuesta que huela, siquiera mínimamente, a privatización de la sanidad puede conducir a una ruptura del pacto de investidura sellado en 2015.
Todo apunta a que las reticencias de Llamazares tienen un fundamento muy relativo. Lo más probable es que la actividad que pueda llegar a los centros sanitarios privados sea residual. También parece bastante limitada, al menos sobre el papel, la posibilidad de que la futura normativa tenga un efecto real muy significativo. Lo previsible es que a bastantes pacientes que hayan superado las esperas máximas en hospitales grandes se les ofrezca operarse en Jarrio, Cangas del Narcea o Arriondas, y que la respuesta sea negativa en buena parte de los casos.
Quedarían como principal alternativa los hospitales concertados (Jove, Cruz Roja, Hospital de Avilés...). Y, sobre todo, lo que seguramente sea el gran deseo de las autoridades sanitarias: un mejor funcionamiento de los hospitales públicos que reduzca al mínimo la necesidad de buscar soluciones fuera de la red sanitaria pública.
