09 de junio de 2016
09.06.2016
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Otro varapalo judicial para la ciudad

La adjudicación del Palacio de Congresos fue "extremadamente peculiar", dice el juez

El magistrado critica la "opacidad" de los contratos y la recepción hecha por el interventor

09.06.2016 | 01:43

La adjudicación de la obra para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones a la empresa Jovellanos XXI, aprobada en enero del año 2002, fue "peculiar hasta extremos insospechados". Así lo hace constar el juez Miguel Ángel Carbajo Domingo, titular de la sala de lo contencioso administrativo número tres de Oviedo, en la sentencia que obliga al Ayuntamiento al pago de 25 millones de euros a la empresa en concepto de liquidación por cancelar el contrato de la explotación de las instalaciones. El Ayuntamiento decidió ayer recurrir el fallo, según confirmaron fuentes municipales.

El magistrado se muestra sorprendido por el hecho de que el Ayuntamiento dejara en manos de la empresa la elaboración de los planes especiales que debían ordenar los ámbitos a construir, "y lo que es más sorprendente aún", la "fijación del coeficiente de edificabilidad y el régimen de usos de los aprovechamientos lucrativos" de las parcelas. El juez critica asimismo la "opacidad" de la relación contractual entre Ayuntamiento y empresa en un contrato que, sostiene, tiene un carácter administrativo especial.

En este sentido, el juez sostiene que, "en todo momento", ha existido un único contrato que estaba integrado por una "pluralidad heterogénea" de prestaciones: instrumentos de planteamiento, proyectos de urbanización, proyectos de obras y demolición, ejecución de las obras, enajenación de fincas municipales o adjudicaciones de aprovechamientos urbanísticos.

En una sentencia de 68 folios, producto del análisis de un expediente de casi 3.000, el magistrado califica de "vacilante" la actitud del Ayuntamiento respecto a la fijación del valoración del Palacio de Congresos y Exposiciones, que en el acta de recepción de la obra, en el año 2011, fija en 96,1 millones de euros, el doble de lo establecido. El juez recuerda que tanto el ingeniero municipal, Ignacio Latierro, como el interventor José Luis González (actualmente de baja médica), dieron su conformidad a esta cantidad sin poner objeción a ella y asegurando que se ajustaba a los precios de mercado. El juez reprocha a los dos altos funcionarios que no exigieran explicaciones a la empresa por multiplicar el valor del precio "máxime cuando está en juego el erario público y la eficiencia en la asignación de recursos".

Consultado por este diario, el administrador concursal de Jovellanos XXI declinó valorar la sentencia.

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