IU, socio minoritario en el tripartito local que integra junto a Somos y PSOE, salió ayer al paso de las acusaciones del Alcalde, Wenceslao López, quien declaró que tanto los podemistas como los comunistas, sus aliados en el gobierno, confundían el Ayuntamiento con un "comité de empresa" tras la proposición en favor de establecer un proceso de diálogo con los exempleados del centro ecuestre El Asturcón. El regidor había señalado también que, a su juicio, hacer creer a los trabajadores que van a recuperar sus empleos es "engañarles".
La coalición se mostró ayer especialmente molesta con López: "Reunirse con los trabajadores es escucharles, no engañarles. Y establecer un proceso de diálogo es absolutamente necesario". afirmó Cristina Pontón, portavoz de IU en el Ayuntamiento. "La situación de estos trabajadores, como la de otras contratas que han tenido conflicto o pueden llegar a tenerlo, hay que afrontarlo como un proceso de reconversión dialogado entre todos: empresa, ayuntamiento, afectados, sindicatos", señaló la edil de IU.
Pontón puso como ejemplo lo sucedido con los jardineros hace años. "La actitud de un gobierno de izquierdas no puede ser la misma que la del PP. Con los jardineros, el PP no quiso reunirse asegurando que el Ayuntamiento no era un sindicato. Tras la presión social, se reunió con ellos y se consiguió una solución", que pasó por la readmisión. "Las administraciones públicas no pueden tener una actitud pasiva ante los conflictos laborales, por eso nosotros volveremos a llevar nuestra propuesta; ese diálogo es necesario", añadió.
Somos, también partidaria de este proceso, como dejó claro en el pasado pleno municipal, rechazó ayer valorar las declaraciones del Alcalde.
Desalojo de los caballos
Por otra parte, el gobierno continúa con su idea firme de acabar con la actividad ecuestre en las instalaciones, en las que permanecen decenas de caballos. Técnicos municipales trabajan en la elaboración de un informe que dará cuenta del estado del proceso de desalojo, recurrido sin éxito por los usuarios de El Asturcón. El tripartito no descarta aplicar las "medidas forzosas" necesarias si los usuarios notificados no desalojan, como avanzaron en el momento de la finalización del contrato con Urbaser, el pasado 1 de mayo.
