Los tres socios que integran el tripartito local (Somos, PSOE e IU), anunciaron ayer que recurrirán la decisión tomada por la titular del juzgado de instrucción número tres, Begoña Fernández, de archivar la vía penal de la conocida como "operación de los Palacios", un caso que, además de la construcción del Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava, engloba también el desarrollo urbanístico de la parcela del Vasco. Fernández archivó las diligencias días antes de que otro juzgado, el contencioso administrativo número tres, condenara al Ayuntamiento a pagar 25 millones a Jovellanos XXI por rescindir la concesión de la explotación del Palacio.

Las causas, en realidad, son distintas. Lo que archivó la magistrada Begoña Fernández son las denuncias formuladas por PSOE e IU tras la comisión de investigación monográfica sobre el tema celebrada en 2014 en el Ayuntamiento. Ambos grupos denunciaron ante la Fiscalía la posible existencia de cinco delitos (prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales) en un proceso que afecta tanto al Ayuntamiento como al Principado. La juez recoge el testigo de la Fiscalía, que en marzo había pedido el archivo de la causa al considerar que las denuncias se realizaron en base a "sospechas".

PSOE, IU y Somos (personado) recurrirán. Los podemistas, que insisten en que ha podido haber "delito de prevaricación administrativa", alegarán que han aparecido nuevas pruebas, como irregularidades en la recepción de la obra, cuando se duplicó el coste del Palacio, como consta en la reciente sentencia. "Es evidente que ha habido negligencias conscientes", señaló, por su parte, la portavoz de IU, Cristina Pontón. "Las actuaciones tomadas políticamente fueron dañinas para el Ayuntamiento", insistió Ana Rivas (PSOE).