A once días de las elecciones generales, con los concejales mirando con un ojo a la cosa municipal y con el otro a la cosa electoral, ha cogido fuerza en el Ayuntamiento un debate esperado: cambiar o no cambiar la norma de convivencia ciudadana que regula, entre otras cosas, la práctica del "botellón". La cuestión fue promovida por IU, que lleva semanas pidiendo una comisión monográfica sobre el asunto porque considera la ordenanza, impulsada por el PP, "represora". La comisión se celebró ayer y para lo más que sirvió fue para constituir una mesa de negociación que formarán todavía no se sabe quién, pues cada grupo propuso a las asociaciones y organizaciones que consideraron y todo quedó en que se estudiará. Después de un largo rato de debate hubo poco concreto y una solución: quedar otra vez en septiembre para empezar a debatir qué se debe cambiar, cómo y por qué.

La conclusión, pues, es que nada se tocará de la ordenanza hasta, "como mínimo", después de las fiestas de San Mateo, curiosamente las fechas en que más "botellón" se celebra en la ciudad. La norma, no obstante, ya permitía (ya permite) a la Policía aflojar en este tipo de jornadas festivas.

De las tripas del debate aflora una cierta distancia entre el PSOE y sos socios en el gobierno. Los socialistas ven "muy positivo" el diálogo propuesto, pero no hablan claramente de "cambiar" la norma, como exigen Somos e IU, sino de "mejorarla", de "debatirla", de "diálogo". Esa ambigüedad revela que el partido de Wenceslao López podría pasar con la ordenanza tal y como está. "¿Es una medida represora poner una multa de 100 euros por mear en la calle?", lanza al aire Ricardo Fernández (PSOE), edil de Seguridad Ciudadana, que admite que la ordenanza es "mejorable", pero advierte: "Las sanciones pueden ser discutibles, pero lo que no es posible es discutir ni poner en duda el principio de autoridad" de la Policía, asegura. Tampoco se puede obviar, señala Fernández, "el trabajo preventivo, informativo y formativo" de administraciones y organizaciones, como el plan de drogas.

Porque en eso, en la necesidad de tener más medidas educativas, es en lo que inciden IU y Somos, que defienden rotundamente la modificación profunda de la ordenanza. "Hay que quitarle el aroma predemocrático a esta norma del PP", explica Ana Taboada, líder de Somos y vicealcaldesa de la ciudad. Taboada defiende que hace falta "más educación, menos multas y garantizar el respeto a los derechos civiles y a las libertades". De la misma opinión es Cristina Pontón, portavoz de IU, grupo impulsor del cambio de la regulación. "Es una norma represora que diseñó el PP y hay que cambiarla. Es curioso que el PP pida mantenerla tal y como está cuando no la aplicó cuando gobernaba", señala Pontón.

El PP considera que el tripartito quiere "granjearse la simpatía de los jóvenes y sacrificar el derecho de los vecinos". Lo dice la edil Belén Fernández Acevedo, que anuncia un "frente común" con los vecinos para defender la ordenanza. Acusó al tripartito de "sentir simpatía" por el "botellón", "cuando no una complicidad directa como practicante".

Luis Pacho, líder de Ciudadanos, considera que todo se reduce a "otra cortina de humo, una iniciativa electoralista que no va a ninguna parte".