Las autoridades policiales están implicadas a nivel internacional en la búsqueda del hijo mayor de la ovetense que en 2014 dejó abandonadas en su piso de Pumarín a sus tres niñas menores desnutridas y al borde de la hipotermia. De momento, no hay pistas sobre el paradero del menor, que debería tener siete años y del que tan solo se conoce que nació en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) el 3 de diciembre de 2009.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la búsqueda del niño se inició a raíz de la detención de la mujer, María Josefa G. F. (42 años) por abandonar a sus hijas. La más pequeña tenía entonces 20 días y fue rescatada por agentes de la Policía Nacional, junto a sus dos hermanas. La escena descrita sacudió entonces a la sociedad. La ventana estaba abierta en pleno diciembre y la menor, desnuda, lloraba tendida en la cama. Otra niña se daba golpes en la cabeza contra la pared y la tercera estaba sentada en un sofá sosteniendo una lata de cerveza.

Preguntada por su hijo mayor, María Josefa G. F. aseguró que reside en Portugal con su padre, una versión que apoyó la abuela materna, quien explicó a los investigadores que la última vez que vio a su nieto fue en 2011, cuando su madre se lo llevó de vacaciones al país vecino. Sin embargo, las autoridades lusas han emitido un comunicado oficial asegurando que, al menos de forma legal, el chiquillo no reside en Portugal. La búsqueda del niño se ha extendido a otros países. La investigación sigue abierta.

Entre tanto, y a la espera de nuevas pistas sobre el paradero del menor, la Fiscalía del Principado ha acusado formalmente a la mujer de un delito de abandono del niño. Además, María Josefa G. F. tendrá que enfrentarse el próximo 7 de julio a un juicio por el abandono de sus tres hijas pequeñas. Por este delito la Fiscalía le pide tres años de prisión. Por su parte, el Principado, personado en la causa como acusación particular, eleva la petición de pena a 27 años, al observar también un delito de lesiones y de maltrato habitual sobre las tres niñas, tuteladas desde hace dos años por la Consejería de Bienestar Social del Principado.