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El Ayuntamiento quiere controlar en tiempo real el uso de internet en centros sociales

El tripartito ultima una norma que permite a los empleados ver en directo las páginas visitadas

Los ediles Diego Valiño y Rubén Rosón, en marzo, explicando las cuentas en el centro social de Las Campas. M. LÓPEZ

El tripartito local (Somos, PSOE e IU) quiere que los trabajadores de los centros sociales municipales puedan vigilar en tiempo real la utilización que hagan de internet los usuarios de estas instalaciones. Así consta en el reglamento de uso y funcionamiento de estos centros, que ha diseñado la concejalía de Igualdad y Atención a las Personas, dirigida por Marisa Ponga (PSOE), y que está siendo debatido en el seno del gobierno.

Según el documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, los conserjes de estas instalaciones podrán "visionar" en directo "los contenidos a los que esté accediendo cada ordenador" con el fin de comprobar que se cumplen las normas. De esta forma, el Ayuntamiento podrá, a través de los trabajadores, saber en todo momento qué hacen los usuarios en sus conexiones a internet.

El reglamento, de nueva creación, consta de 27 páginas, cinco títulos, cuatro anexos y un objetivo: organizar el uso de los 52 centros sociales que existen en el municipio y que funcionan una media de diez horas diarias. En su artículo 18, que regula la utilización del servicio informático, se establece que el personal del centro supervisará "periódicamente" el uso de los ordenadores, donde cada usuario podrá estar un máximo de dos horas previa presentación de un DNI. El Ayuntamiento prohíbe la introducción de auriculares, dispositivos USB y tarjetas en el ordenador, y prohíbe también la utilización "en grupo" del equipo. Además, en el texto se hace constar que se "expulsará de forma definitiva" a las personas que accedan a páginas web "de contenido pornográfico, terrorista o degradantes que vulneren los derechos fundamentales".

Además de la facultad que se le otorga al personal del centro para vigilar las conexiones de internet, los dispositivos tendrán instalado un servicio informático que apagará el ordenador automáticamente si se intenta a acceder a "páginas o funcionalidades" no autorizadas". El reglamento también incluye que los menores de edad entre 14 a 18 años necesitarán permiso para acceder a Internet (por debajo de 14 no podrán hacerlo) y que habrá cámaras de vídeo vigilancia en las instalaciones que estarán bajo supervisión de la Policía Local.

La norma, propuesta por el PSOE y que todavía no ha sido aprobada por sus socios, es amplia y trata cualquier aspecto referente a los centros sociales, hasta ahora carentes de un reglamento específico. En el documento se regula la gestión, el uso, los espacios, los derechos y obligaciones de las personas y las infracciones. Una vez se apruebe, se podrá visitar en la página web municipal. El texto recoge la posibilidad de ceder espacios en los centros sociales a asociaciones y entidades, pero excluye de la lista a partidos políticos (sólo podrán utilizarlo "cuando sean campañas informativas relacionadas con el interés vecinal") y a entidades con "ánimo religioso". Tampoco se cederán estos espacios a organizaciones mercantiles. Preferentemente, consta en el documento, se cederán los espacios a asociaciones sin ánimo de lucro activas, que podrán estar un máximo de ocho años en el centro. La asignación de estos espacios se realizará a través de una convocatoria pública, similar a la que se quiere utilizar para las subvenciones.

Los centros sociales servirán de sede de los consejos de distrito y se utilizarán también para acoger procesos de participación ciudadana, como la consulta sobre el futuro de los terrenos del Cristo que ocupaban los terrenos del viejo hospital.

La norma establece los mecanismos para apuntarse a las distintas actividades en los centros sociales: talleres, programa de alfabetización digital y nuevas tecnologías, ocio y tiempo libre. Una de los objetivos, recoge, es la promoción de las nuevas tecnologías, con una red de wifi gratuita tanto dentro como fuera de la instalación, que podrán aprovechar los usuarios desde sus propios dispositivos, y un servicio de formación y asesoramiento tecnológico.

El documento recoge normas de comportamiento, como la prohibición de comer y beber, salvo en las actividades en las que se permita y en los lugares habilitados, como la cafetería (si la tienen) y zonas autorizadas, como la sala donde se encuentren las máquinas expendedoras. Sólo se podrá estar por las instalaciones con una botella de agua.

Hace tiempo que el tripartito local trabaja en el impulso de un reglamento exclusivo para los centros sociales. Al principio del mes pasado, la edil Marisa Ponga se reunió con los representantes del movimiento vecinal en Oviedo para presentarles el borrador del documento. Ponga les explicó entonces que la norma pretendía "garantizar que toda la ciudadanía del municipio de Oviedo acceda en igualdad de condiciones a los centros sociales" y evitar "posibles arbitrariedades y ciertas inercias que se derivan de esa falta de regulación". La edil socialista aseguró en aquella ocasión que, actualmente, existen asociaciones que ejercen control sobre estas instalaciones desde la época en la que gobernaba Gabino de Lorenzo. "Por poner un ejemplo, hay colectivos que cuentan con un despacho en los centros y otros no. Y eso se hizo sin que hubiese una concurrencia pública de todas las asociaciones, es decir que se otorgaron sin criterios definidos", sostuvo la concejala socialista.

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