El reglamento de uso y funcionamiento de los centros sociales que prepara el gobierno, y que permite en su primer borrador que los trabajadores de los centros puedan acceder a los contenidos que visitan en internet los usuarios, ha enfrentado al PSOE y al PP. La edil popular Belén Fernández Acevedo, que el lunes acusó al tripartito de convertir los centros en unas "madrasas radicales", volvió ayer a la carga después de que Marisa Ponga, la concejala que impulsó la norma, reprochara al PP de "caciquear" con los centros "durante muchos años".

Fernández Acevedo disparó en la misma línea y acusó al tripartito local (Somos, PSOE e IU) y particularmente al PSOE y a Ponga de tener "intenciones aviesas" con la norma que, dijo, va encaminada a "convertir estos centros en un instrumento de manipulación política y social". Acevedo señaló que "no tengo ningún interés en polemizar con la señora Ponga", pero avisó que "no vamos a tolerar que se trate de imponer un reglamento de estas dotaciones municipales a espaldas de la mayoría real, política y social de Oviedo". La concejal del PP criticó que, como consta en la norma, no se dejen usar las salas de estos centros a entidades políticas y religiosas y recordó que otros partidos, como el POSE, los usaron en años pasados "sin que el PP les pusiera ninguna traba".

Fernández Acevedo volvió a preguntar a Ponga si "piensan expulsar de los centros a las asociaciones que llevan años enriqueciendo su actividad" y que si "van a osar expulsarlas antes de sacar a concurso público y abierto, por ejemplo, los chiringuitos de San Mateo donde los socialistas, a través de una asociación pantalla, tienen la prebenda de disfrutar uno de los mejores".

Marisa Ponga matizó el lunes que la norma propuesta está en fase de debate en el gobierno y rechazó que los empleados municipales vayan a poder vigilar "en tiempo real" los ordenadores sino que podrán acceder a su historial. Ponga dijo que habrá un programa en directo pero para otras finalidades como saber si una sala está vacía.