El juicio contra la mujer acusada de abandonar a sus tres hijas en su piso del barrio de Pumarín se celebrará el próximo día 7 de octubre. La vista estaba fijada para la mañana de ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, pero en el último instante, cuando una maraña de periodistas esperaba a las puertas de la Sala para asistir al desenlace de un caso que conmocionó a la ciudad en diciembre de 2014, María Josefa G. F. (42 años) se presentó con una nueva abogada y logró retrasar la vista. El juez Francisco Javier Iriarte, encargado de la causa, decidió darle tiempo a la nueva letrada, María Escanciano, para que pueda estudiar a fondo el caso y defender a su cliente con las mayores garantías.

Escanciano sustituye en la defensa a Juan Pablo Martín Llera, un abogado del turno de oficio que había llevado hasta ahora a la mujer. "Acabo de recibir toda la documentación que existe sobre la causa, no puedo decir nada porque soy su abogada desde hoy (por ayer)", decía al abandonar los juzgados de Comandante Caballero la nueva letrada. A su lado, la acusada caminaba con la cabeza agachada, sin mirar hacia las cámaras ni contestar a las preguntas. "No va a decir nada", intercedió María Escanciano para zanjar el asunto.

La Fiscalía solicita para la mujer una pena de 3 años de cárcel. Además, pide 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de sus hijas, que en el momento en el que ocurrieron los hechos tenían 3 años la mayor, 18 meses la mediana y tan sólo 20 días el bebé que apareció en pañales y al borde de la hipotermia. Ese día, según describieron los agentes que efectuaron el rescate, la ventana estaba abierta en pleno diciembre y la menor, desnuda, lloraba tendida en la cama. Otra niña se daba golpes en la cabeza contra la pared y la tercera estaba sentada en un sofá sosteniendo una lata de cerveza.

Al margen de este proceso, María Josefa G. F. también está acusada de no revelar el paradero de otro hijo suyo, de siete años de edad, que permanece desaparecido. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita en este caso 2 años de prisión y 9 de inhabilitación.