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Los padres adoptivos del niño reclamado por una ovetense acuden al Supremo

El abogado de la pareja, conocido por los casos de los bebés robados del franquismo, alega que devolver al menor a su madre sería "traumático"

Los padres adoptivos del niño reclamado por una ovetense acuden al Supremo

Una pareja del municipio valenciano de Sueca ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para evitar que la justicia les quite a su hijo de 4 años que vive con ellos en régimen de preadopción desde los 18 meses y les obligue a entregar al pequeño a su familia biológica, que reside en Oviedo. Se trata del pequeño cuya madre, María José Abeng Ayang, una ovetense de 19 años de origen guineano, dio a luz en un centro de acogida del Principado cuando estuvo ingresado.

Abeng Ayuang exige que el Principado le devuelva a su pequeño en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia, que matiza el fallo del Juzgado número 7 de Oviedo, que en primera instancia vio el caso y rechazó la demanda de la madre biológica. Sin embargo, tras recurrir al Supremo, el abogado del matrimonio valenciano Enrique Vila, y apreciar un defecto de forma en el propio auto de ejecución, el futuro del pequeño no estará claro hasta que el alto tribunal dictamine.

Enrique Vila, letrado conocido en toda España por su trabajo para la devolución a los denominados bebés robados durante el franquismo a sus verdaderos padres, ha asumido aquí un caso totalmente diferente a lo que es habitual en él porque "la decisión tomada por un único magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo es aberrante y puede resultar traumática e irreversible para el niño, dado que se le quiere devolver a un núcleo familiar extraño para él con personas a las que ni siquiera conoce". Vila resalta que solamente "una única instancia judicial -la Audiencia- ha dado la razón en este proceso administrativo y judicial a la madre biológica. El resto de instancias han concluido en sus informes que la madre biológica, una joven de 19 años que a los 14 ya renunció al bebé, no está en condiciones de hacerse cargo del pequeño". El letrado matiza que "la Consejería de Bienestar Social del Principado, los ministerios fiscales de esta ciudad y de Madrid en el Supremo, y la jueza de primera instancia asturiana, ... todos ellos nos dieron la razón y consideraron que esta joven no está capacitada para tener al niño".

Los valencianos Noelia Estornell y Alberto Bordes han pasado un largo proceso selectivo de entrevistas con psicólogos y técnicos, primero de la Conselleria de Bienestar Social en la Comunitat Valenciana, y luego en el Principado, para conseguir la preadopción.

Según el abogado Enrique Vila, "el fiscal ovetense de la Audiencia Provincial, la Consejería asturiana y la propia familia valenciana han interpuesto el recurso ante el Supremo". "Solamente un técnico que entrevistó a la madre biológica por espacio de una hora" dictaminó que la progenitora era apta para cuidar y educar al niño. El resto de decisiones "se han adoptado siempre a partir de un completo expediente administrativo confeccionado por un equipo multidisciplinar que apoya nuestra tesis y como marca la ley especialmente vigilante con la protección del menor", indica Enrique Vila.

Los padres adoptivos "están destrozados" y confían en que el Supremo haga pública su decisión cuanto antes, "para que la barbarie de esta sentencia judicial se acabe lo más pronto posible y con el menor daño posible para el niño, tanto si se queda con nosotros, como si no", dice el progenitor. Igual de destrozada que la pareja valenciana se muestra la madre biológica del pequeño. No ve a su hijo desde que nació ya que el Principado asumió su custodia. La joven de 19 años -tuvo al pequeño siendo una adolescente- estudia marketing, vive con su pareja en Oviedo y se siente perfectamente capacitada para cuidar del menor. Junto con su abogada, Nieves Ibáñez, trata de que tanto el Principado como los padres adoptivos cumplan con la sentencia de la Audiencia de Oviedo, que obliga a devolver a su madre biológica. La letrada amenaza con demandar, entre otras cosas, al Principado por un delito de desobediencia a la justicia.

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