"Ya he llorado bastante, voy a entregar mi piso como dación en pago porque no quiero dejar la deuda a mis hijas", proclama entre lágrimas Cristina Villarejo, una joven ovetense cuya familia se se verá obligada en los próximos días a dejar su casa de la calle General Elorza para saldar las deudas contraídas con el banco.
Cristina Villarejo y su marido, Javier Montes, decidieron embarcarse en una hipoteca cuando aún tenían empleo estable. "Los dos trabajábamos y cobrábamos mensualmente. Durante años no hubo ningún problema", explica la mujer. Sin embargo, con la crisis la situación se complicó. Ella perdió su trabajo, y su marido se vio obligado a hacerse autónomo. Ante este panorama, se dirigieron a su entidad bancaria para prevenir problemas futuros. "Antes de llegar al extremo de no poder pagar los plazos, fuimos al banco. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que no se producían problemas de este tipo", señala Villarejo.
Poco a poco, todo fue a peor. Cada vez les costaba más llegar a fin de mes. "Miraba las cuentas y decía: 'Ostras, estamos mal'. Además ya había tenido a mi primera hija", afirma la joven. Los conflictos con el banco comenzaron entonces. "Nos trataban como a delincuentes; yo personalmente fui acosada por el director de mi sucursal, y aún no habíamos devuelto ningún recibo", señala Cristina Villarejo.
Para solucionar los problemas contactaron con el servicio de asesoría judicial del Principado, y decidieron que la única opción era reclamar una carencia hipotecaria. "El director del banco nos dijo que tendríamos que contratar un seguro de salud para concedérnosla", indica la mujer.
Se trata de una práctica bastante común, explica Miguel Ángel García, directivo en Asturias de la Plataforma Antidesahucios (PAH). "Es una estafa difícil de demostrar. Los bancos te obligan a contratar unos seguros por los que el director de la entidad cobra una comisión, y les permite cuadrar los márgenes de beneficio de la sucursal. La complicación estriba en demostrar que ese seguro no lo has contratado por voluntad propia, sino como condición obligatoria para que te concedan la carencia hipotecaria", precisa García.
Tras dos años bajo el amparo de la prórroga, el matrimonio volvió a reunirse con el banco. Su difícil situación se complicaba cada día más. "La hostilidad aumentó, además de las deudas. El director nos obligaba a contratar siete seguros de distinta índole para pedir una segunda carencia", relatan. Y añaden: "Si no podíamos pagar la letra de la hipoteca, estaba claro que era imposible que pagáramos los seguros".
En ese momento acudió a la PAH. "Me abrió los ojos", destaca. "Los partidos políticos se llenan la boca diciendo que van a cambiar las cosas y no hacen nada. La PAH es la que me ha prestado un apoyo verdadero", afirma Villarejo. El último capítulo de esta historia aún está por acontecer. "Ya no tengo ganas de luchar más, nos hemos ido a vivir con mi suegra, y voy a dar el piso como pago por la deuda", lamenta ella.
Los desahucios por impago de hipotecas han descendido un 7,7 por ciento, hasta situarse en unos 900 casos en Asturias en el último año. Sin embargo, los derivados de no pagar el alquiler han aumentado más de un 100 por ciento, según la PAH. "En los años anteriores, los desahucios hipotecarios apenas bajaron. Debido a esto, las personas que han tenido que dejar su casa en muchos casos se han ido a un alquiler social, y al no poder afrontarlo también pierden los pisos de alquiler. Por eso los hipotecarios han bajado un poco y los de alquiler han aumentado considerablemente", indica Miguel Ángel García.
El panorama actual parece complicado, ya que, según Caritas, 160.000 personas se encuentran en el umbral de la exclusión social en Asturias, y el 37,5 por ciento del total de los trabajadores son precarios.
Después de años de lucha, Cristina Villarejo y su familia abandorán su casa. Pero continuarán adelante en busca de nuevos motivos de esperanza en la vida.
