La Unión Europea está reclamando al Gobierno de España que recorte el gasto en sanidad desde el actual 5,9 al 5,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), una decisión que supondría reducir los presupuestos del sector en unos 6.000 millones de euros, cifra que se sumaría a los aproximadamente 10.000 ya detraídos desde el inicio de la crisis. "Aplicar esta medida sería insoportable para el Sistema Nacional de Salud, supondría destruir la sanidad pública", sentenció ayer en Oviedo Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que aglutina a los colegios de médicos de toda España. A su juicio, la resolución de buena parte de las deficiencias que presenta la red sanitaria pública pasa por contratar personal que supla las bajas y jubilaciones.

El doctor Rodríguez Sendín compareció ayer ante los medios en la sede del Colegio de Médicos de Asturias. La conferencia de prensa fue organizada por el presidente de los facultativos de la región, Alejandro Braña, aprovechando que Sendín pasa unos días de descanso en el Principado.

Las preguntas y respuestas giraron en torno a la actualidad sanitaria nacional y autonómica. Entre ellas tuvieron cabida algunas cuestiones referidas a la comisión de investigación de las listas de espera que desarrolla sus trabajos en la Junta General del Principado. Algunos de los comparecientes en la misma ofrecieron datos que contradicen la versión de la Consejería de Sanidad del Principado, e incluso llegaron a hablar de "técnicas de maquillaje" de las demoras.

En este contexto, Juan José Rodríguez Sendín pidió al Gobierno central que imite a las autoridades británicas e implante una figura dedicada "a proteger al profesional que denuncia el mal funcionamiento de los servicios sanitarios". "No se pueden ocultar circunstancias que incluso pueden implicar la pérdida de la vida de un paciente", enfatizó el presidente de la OMC, quien añadió que también sería responsabilidad de esta figura administrativa "castigar a quien denuncie falsedades".

En la misma línea se manifestó Alejandro Braña. "No es admisible que se trate de matar al mensajero por decir algo que puede molestar a las administraciones públicas. Los médicos que fueron llamados a declarar tuvieron un comportamiento ético y merecen un aplauso", señaló el presidente de los facultativos de la región. A juicio de Braña, la problemática que aqueja a la sanidad pública "es multifactorial", de modo que "a base de decretos no van a resolverse las listas de espera".

Alejandro Braña y Juan José Rodríguez Sendín hicieron hincapié en los perjuicios que se derivan de la "precariedad laboral" de los profesionales sanitarios y de la sobrecarga de trabajo debida los déficits de las plantillas. Perjuicios, precisaron, que no sólo recaen sobre los trabajadores, sino también sobre los usuarios. "Se registra una reducción de personal, sobre todo por falta de sustituciones y de reposición de jubilaciones", indicó el presidente de los colegios de médicos, quien agregó que "estamos ante un problema de infrafinanciación".

Rodríguez Sendín criticó que "las expectativas de los españoles en materia de sanidad sean desiguales en función de la comunidad autónoma en la que viven". Acto seguido, alertó sobre el aumento de la factura en medicamentos, "que supone el 30 por ciento del gasto sanitario total". Se detuvo en particular en lo sucedido con los nuevos fármacos curativos de la hepatitis C, y censuró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya autorizado a las comunidades autónomas a "acumular deuda" para adquirir los citados tratamientos sin un control previo de los precios y, por el contrario, no les haya permitido endeudarse "para contratar profesionales o adquirir tecnología en aquellos lugares en los que se necesitan".

El presidente de la OMC reafirmó el compromiso "deontológico y legal" de los médicos en la lucha contra la violencia de género, hasta el punto de constituir "una de las poquísimas razones por las que podemos romper la confidencialidad".