"El Gobierno revolucionario argentino resolvió poner fin al tradicional régimen de la autonomía universitaria, disponiendo que en adelante las Universidades argentinas dependerán del Ministerio de Educación, actuando los rectores y decanos como administradores, cosa rechazada por el rector de la Universidad de Buenos Aires y nueve decanos de facultades. Apenas tuvo difusión el decreto fijando cambios sustanciales en el gobierno universitario -del que se hace cargo el ministro de Educación, en tanto que decanos y rectores sólo retendrán funciones administrativas- se advirtió intensa actividad en la Universidad nacional de Buenos Aires”.