La futura norma regional para la atención a las personas "al final de la vida" no contiene grandes novedades. Se trata de una regulación muy similar a la promulgada en otras comunidades autónomas. En realidad, difícilmente podía ser de otra manera, dado que el legislador dispone "de un margen de maniobra muy pequeño", señala Sergio Gallego, presidente de la Comisión Asesora de Bioética del Principado.
El campo de juego de los redactores de la norma, explica el doctor Gallego, queda delimitado, por un lado, por la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, norma básica del Estado aplicable en todas las comunidades autónomas, y, por otro, por el Código Penal, que tipifica como delitos la eutanasia y el suicidio asistido. A juicio de Sergio Gallego, este tipo de regulaciones autonómicas tienen como objetivos prioritarios "consolidar la normativa ya existente, y también aclarar y dar seguridad jurídica a las personas afectadas, sobre todo a los profesionales sanitarios".
La falta de alusiones a la eutanasia y el suicidio asistido es uno de los aspectos del anteproyecto de ley que critica la delegación en Asturias de la asociación Derecho a Morir Dignamente. "Proponemos que el Gobierno asturiano se mueva para que la Junta General del Principado apruebe una proposición de ley de muerte digna y de consiguiente despenalización del auxilio al suicidio", señala el citado colectivo.
