Después de varios días de denuncias y advertencias públicas, el PP movió ayer ficha en relación a las próximas fiestas de San Mateo, que se iniciarán en un mes. Los populares registraron oficialmente un escrito en el Ayuntamiento en el que exigieron la paralización de los concursos de adjudicación de las veinte casetas hosteleras que se colocarán en la feria del paseo del Bombé (y que sustituyen a Gastromateo) y de los cuatro nuevos chiringuitos que se instalarán en el Campillín y en la Corrada del Obispo. Los conservadores denuncian que las bases presentadas por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) no están respaldadas por informes técnicos y reclaman un informe general de las máximas instancias consistoriales para comprobar la legalidad de los concursos.
El órdago del PP son tres documentos con 17 puntos y va dirigido a la Secretaría General del Ayuntamiento, al área jurídica y al departamento de contratación. Los conservadores lo registraron ayer por la mañana, un día antes de que se abra el plazo (hoy) para que los interesados en tener una caseta hostelera o uno de los cuatro nuevos chiringuitos puedan presentar sus solicitudes o consultar las bases, disponibles desde hoy en la SOF.
Lo que pide el PP es que, a un mes del inicio de las fiestas, se suspendan de manera provisional los dos procesos de adjudicación hasta que haya un "informe general" de los técnicos, "de forma especial del jefe de la Abogacía consistorial", que aclare las dudas y las preguntas planteadas en su escrito, que son variadas y de distinta consideración. La primera de ellas es de carácter general y hace referencia a una posible "incompatibilidad de intereses" al ser los políticos del tripartito los que tomen decisiones acerca de los chiringuitos "cuando se demostró públicamente su vinculación a alguno de ellos sirviendo copas y vendiendo bocadillos". "¿No deberían abstenerse en temas que afectan claramente a sus intereses?", se pregunta el PP en el documento, que lleva el respaldo de varias firmas de ediles populares.
Sobre los cuatro nuevos chiringuitos, -cuyas bases aprobó el viernes la SOF con el voto a favor de los representantes del tripartito, el voto en contra de los populares y la abstención de Ciudadanos- el PP se cuestiona si es legal que el tripartito plantee adjudicarlos "sin ningún informe técnico ni un pliego de condiciones que especifique las condiciones a cumplir" o que se "prohíba" la concurrencia a los hosteleros cuando "éste es su trabajo por el que pagan impuestos y generan empleo".
Los conservadores alertan de la posible ilegalidad de adjudicar los cuatro chiringuitos con carácter "indefinido" y, en caso de se ajuste a la legalidad, plantean si no sería necesario publicar las bases a nivel europeo "para cumplir con la legalidad" o "valorar la ganancia objetiva" de cada puesto, que los populares calculan en 100.000 euros al año. Los conservadores denuncian que el tripartito pone como requisito a los interesados la firma de 50 socios de la SOF "sin especificar si cada socio puede avalar a uno o más candidatos" y critica que se reseñe que se valorará las actividades culturales de cada propuesta "sin establecer los criterios de esta valoración". El PP alerta de la falta de criterios en pro de la accesibilidad y se pregunta si es legal que "se mantengan chiringuitos en manos de sociedades que utilizan la recaudación para mantener actividades ilegales o alegales, como es el caso de radios sin concesión legal de frecuencia" (en referencia a Radio Cucaracha, uno de los grupos del Pinón Folixa).
Sobre la feria hostelera que el tripartito quiere organizar en el paseo del Bombé, y que sustituye al Gastromateo impulsado años atrás por OTEA, patronal del sector, el PP denuncia que las bases aprobadas el viernes con los votos del tripartito (PP en contra y abstención de Ciudadanos) no están firmadas "por nadie, ni técnico ni político" y que, por tanto, los criterios elegidos no están "refrendados por informes técnicos" lo que lleva a una ausencia de "criterios objetivos de valoración de los aspirantes". El grupo conservador critica la "discriminación" que, aseguran, surge de que los hosteleros de los barrios tengan más ventaja que los del centro para optar a una caseta, algo, dicen, "establecido de forma arbitraria".
El PP considera que "no se ajusta a la legalidad o a la lógica" el hecho de que el tripartito reclame seguros de responsabilidad civil a los hosteleros que quieran caseta en el Bombé y, a la vez, no haga lo mismo con los chiringuitos que se instalarán en un espacio público similar. Además, el PP reprueba la ausencia de criterios de accesibilidad en las casetas (las bases imponen mesas altas o barriles) y advierte de que no existen "criterios objetivos" para el control del sorteo de las casetas y la valoración de las propuestas.
Los populares desgranan cada una de sus dudas en un escrito en el que acaban advirtiendo de la posible "responsabilidad legal y política" a quienes se opongan a la paralización de los dos procesos de adjudicación.
