El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), afirma tener "absoluta seguridad legal" sobre la convocatoria para contratar personal interino para el servicio de recaudación de tasas e impuestos. Sostiene que está perfectamente argumentado, con informes de los técnicos municipales, que esa es "la única opción" para afrontar su remunicipalización. "El contrato con la empresa que prestaba el servicio ha finalizado y la recaudación es un servicio básico y esencial; según la ley lo que procede es convocar plazas de funcionarios interinos", explica. López evita entrar en las razones de fondo por las que la Delegación de Gobierno en Asturias ha abierto una investigación sobre ese proceso, aunque llama la atención sobre el "exceso de celo" que pone en ella Gabino de Lorenzo (PP), su actual titular y alcalde de Oviedo durante más de veinte años.

"Tiene todo el derecho a pedir información pero es absurdo que lo haga quien conoce las leyes y sabe los motivos por las que se hace esto", declaró Wenceslao López ayer, después de que LA NUEVA ESPAÑA informara de que la Delegación de Gobierno había requerido al Ayuntamiento de Oviedo la documentación sobre la convocatoria para la contratación de 29 plazas de interinos para las oficinas de recaudación de impuestos, que será remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas "al objeto de su evaluación y análisis".

Wenceslao López pide "no dramatizar" y asegura que el procedimiento abierto por el delegado de Gobierno no interfiere en la convocatoria de plazas de personal interino. "Se está cumpliendo la ley estrictamente", asegura el presidente de la Corporación municipal y pone de manifiesto que "lo que es una anomalía es que el servicio de recaudación de impuestos sea prestado por una empresa privada y que ésta maneje los datos particulares de los ciudadanos". "Nunca debería haberse privatizado", afirma. El Alcalde se reafirma en su determinación, y la del resto del equipo de gobierno de "reconstruir el Ayuntamiento", contratando personal para la prestación de servicios municipales cuando sea necesario y dentro de la legalidad.

El concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), considera, sobre el mismo asunto, que "De Lorenzo nuevamente intenta ponerse por encima de la ley y del sentido común". Apela a informes del Secretario Municipal, que recogen que "la recaudación es un servicio esencial que debe ser cubierto por funcionarios" y que no puede gestionar un empresa privada.

Rosón va más allá y afirma que De Lorenzo "intenta defender el negocio de ocho millones de euros al año para empresas amigas, un negocio que supone un coste extra para los ovetenses de tres millones de euros" y opina que los que le preocupa "no es el gasto público sino que las empresas amigas no puedan llevarse una tajada".

En cualquier caso, el responsable municipal de Economía declara que el gobierno local "va a gestionar siempre que sea posible desde lo público, porque es más barato y eficaz a la hora de prestar servicios públicos" y "cuando esto no sea posible" afirma que recurrirá a empresas de economía social y pequeñas y medianas empresas", en lugar de a grandes corporaciones empresariales.