Podemos critica la "pasividad constante" y la "desidia" del Ejecutivo autonómico de Javier Fernández ante la contaminación en el área central de Asturias, problema que, según la formación morada, podría "minimizarse" con "voluntad política", al menos en lo que se refiere a la actividad industrial. "El Ejecutivo tiene la potestad de obligar a las empresas a aplicar las mejores técnicas disponibles con vistas a reducir sus emisiones contaminantes", asevera Podemos en un comunicado.

La estación que mide la contaminación en Trubia ha registrado "valores alarmantes" de benceno desde que comenzó a funcionar en julio. Unos niveles que, según la Coordinadora Ecologista de Asturias, son los más altos de la región y podrían superar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa española, que establecen un límite de cinco microgramos por metro cúbico de media al año.

Los ecologistas se reunieron este mes con la directora de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón; el concejal de Medio Ambiente de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo; y vecinos de Trubia para preguntar sobre la causa de la contaminación y buscar soluciones. Ambas administraciones, tanto la regional como la local, están a la espera de disponer de más valores. Es decir, tal y como establece la normativa, esperar un año para obtener el promedio de benceno y validar los datos.

Los expertos en Medio Ambiente defienden la línea argumental de las administraciones, pero los trubiecos no están tan relajados. Roberto Velasco, representante de la asociación de vecinos de la localidad, asegura que están muy preocupados por su salud ante los datos arrojados por la estación medidora, una instalación implantada allí hace un mes por el Principado a petición de los vecinos, los ecologistas y el Ayuntamiento.

Podemos también denuncia la contaminación en otros puntos del área central asturiana como Xivares. Allí, la achacan al parque de carbones de Aboño. A partir de este ejemplo, el partido que lidera Pablo Iglesias emplaza al Gobierno a que "asuma sus responsabilidades y se implique claramente en la defensa de la salud de la ciudadanía, exigiendo a las empresas que se ajusten a la legislación".