04 de septiembre de 2016
04.09.2016
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"Parece que tratan de tapar lo que pasó en el fuego de Uría", dicen los bomberos

El portavoz de la plantilla afirma que "si el accidente hubiese sido en una empresa privada probablemente habría gente con riesgo de ir a la cárcel"

04.09.2016 | 03:18
Miguel Ángel Ordóñez.

El último informe elaborado por el fiscal delegado de Siniestralidad Laboral de Asturias, en el que solicita el archivo de la causa judicial abierta para aclarar lo ocurrido en el incendio de Uría, les ha sentado como un tiro a los compañeros del bombero fallecido durante las labores de extinción del fuego, un accidente en el que también resultó herido otro trabajador del cuerpo municipal. "Parece que tratan de tapar cuanto antes lo que pasó en el fuego de Uría y todas las negligencias que se registraron aquel día. Si esto hubiese pasado en una empresa privada y no estuvieran de por medio las administraciones, los funcionarios y un equipo político probablemente habría tres o cuatro personas con riesgo de ir a la cárcel por sus actuaciones", denuncia Miguel Ángel Ordóñez delegado de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Oviedo, el sindicato mayoritario en el parque local.

Ordóñez asegura que la solicitud de sobreseimiento del fiscal Enrique Valdés-Solís no ha cogido por sorpresa a los miembros de la plantilla y "mucho menos" a los miembros de su sindicato, personado en la causa como acusación. "Más o menos sigue la línea de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Nos han rechazado todo lo que hemos presentado para probar que la muerte de Eloy Palacio y las lesiones de Juan Carlos Fernández podría haberse evitado, desde los vídeos y las grabaciones hasta los testigos". No obstante, "aunque no estamos de acuerdo con el fiscal tenemos un respeto absoluto por la justicia y esperamos que la jueza desestime su petición", subraya el delegado de la CSI.

El informe hecho público el viernes por Enrique Valdés-Solís -que a su vez se apoya en los emitidos previamente por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social- señala que no hubo ningún hecho "constitutivo de delito" durante el operativo en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio y resultó herido Juan Carlos Fernández. Entre otras cosas, el documento recoge que "además de evaluación de riesgos y de un protocolo sobre incendios en viviendas", durante el operativo desplegado aquel día 7 de abril de este año "existió una dirección real en la extinción del incendio, impartiendo diversas instrucciones y en lo que aquí interesa, en el ataque desde el exterior del incendio una vez que se consideró que el riesgo de ataque interior era desproporcionado para los bienes en peligro (materiales, y no personales)".

Además, según el fiscal, "no existió una orden expresa de descender de la cesta al finalizar el incendio". Lo que sí hubo fue "una orden de ataque exterior durante la extinción propiamente dicha, cuya vigencia una vez controlado el incendio pudo ser malentendida por los accidentados". Pero esa argumentación no le cuadra al portavoz de la plantilla, que tiene muy claro que los dos bomberos no hubiesen permanecido en el forjado hasta que el inmueble se vino abajo si los mandos lo hubiesen impedido. "Los estuvieron viendo ahí arriba durante veinte minutos y no los mandaron bajar a sabiendas de que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Y tenemos pruebas", sostiene Miguel Ángel Ordóñez. "¿Si la orden era la de atacar el fuego desde el exterior del edificio por qué nadie les dijo que saliesen?", recalca el delegado sindical.

Los argumentos

El informe de Enrique Valdés-Solís recoge que los fallos en el sistema de comunicación entre los bomberos o los que se registraron aquel fatídico día en el brazo articulado utilizado por los trabajadores "son unas deficiencias que deben ser corregidas, pero que no son causa del accidente". El fiscal considera esos fallos como aspectos que "desde luego en sede penal carecen de relevancia en cuanto a la comisión de las infracciones penales que se investigan". Siempre apoyándose en los informes de las instituciones citadas anteriormente, el fiscal argumenta que "no se ha producido ninguna infracción en la materia al no detectar falta de medidas de seguridad imputable a la empresa". Así, "las deficiencias mencionadas no constituyen causa del accidente ni están vinculadas con el accidente, y darán lugar a la pertinente actuación de comprobación, y en su caso a la adopción de medidas pertinentes".

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