El gobierno local (Somos, PSOE e IU) prevé poner en marcha esta semana la comisión de investigación sobre el caso Aquagest para "esclarecer" la presunta implicación del exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo (PP), en la trama corrupta del agua que instruye desde el juzgado número uno de Lugo la magistrada Pilar de Lara. La creación de esta comisión fue acordada el pasado día 10 de febrero en una comisión de Atención a las Personas y ratificada semanas después en el Pleno celebrado a principios de marzo. Desde entonces, han pasado seis meses en los que no se ha sabido nada de la comisión. Hasta el viernes pasado. Ese día, según ha podido saber este periódico, en la Junta de Gobierno se citó a los representantes de los grupos municipales para el próximo viernes, a fin de establecer un calendario para el inicio de las sesiones y nombrar los cargos pertinentes.
La propuesta de crear una comisión monográfica partió de Somos diez días después de que Caunedo declarara como imputado en el juzgado de Lugo. Los podemistas encontraron el apoyo de sus socios, PSOE e IU y también el de Ciudadanos (el PP se abstuvo). Los cuatro grupos políticos que la apoyaron entonces coincidieron en que "hay cosas que no están claras que deben ser explicadas" respecto a los viajes a Estados Unidos y a Croacia que realizó Caunedo y que, presuntamente, fueron pagados por la empresa Aquagest. El líder del PP ovetense justificó aquellos viajes asegurando que se los había pagado él mismo con un dinero que le habían dado sus tías y con otro que había sacado del cajero un tiempo antes y que todavía conservaba.
En el Pleno de marzo, Caunedo confirmó que comparecerá en la comisión pero puso en entredicho las intenciones de Somos. El popular consideró que los podemistas pretenden hacer un juicio paralelo con la creación de esta investigación y acusó a la líder podemista, Ana Taboada, de "manipular agitando unos informes y ocultando otros".
Las comisiones monográficas de investigación no son muy habituales en el Ayuntamiento. La última que hubo fue sobre la construcción del Palacio de Congresos de Calatrava, una operación por el que el Ayuntamiento fue condenado en mayo a pagar unos 25 millones de euros. De aquella investigación, que presidió el ahora edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos (IU), salieron unas conclusiones que se acabaron llevando a la Fiscalía, que acabó pidiendo su archivo.
Este tipo de comisiones, que vienen reguladas en el artículo 104 del reglamento municipal, no son vinculantes. Las conclusiones que se saquen o las decisiones que se tomen tendrán que ser llevadas a Pleno para su discusión y su votación.
