La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno asturiano, la socialista Pilar Varela ha querido dejar claro este viernes que el Ejecutivo actuó correctamente en todo el proceso del niño que finalmente ha sido devuelto a su madre biológica en Oviedo.

La madre tuvo al pequeño con 14 años cuando estaba en un centro tutelado por el Ejecutivo autonómico asturiano, que inició la propuesta previa de adopción y el niño comenzó a vivir con una familia en Sueca (Valencia).

Pero la madre decidió acudir a los tribunales contra la decisión de la Consejería de Bienestar Social para reclamar la tutela de su hijo. Al principio, un juzgado de Oviedo desestimó su petición. Sin embargo, recurrió y la Audiencia Provincial le ha dado la razón, obligando a la familia de Valencia a devolver al niño a su madre biológica, que reside en Oviedo.

Los recursos presentados por la Fiscalía, la Consejería de Servicios Sociales de Asturias y lo padres preadoptivos del niño fueron desestimados por el Tribunal Supremo.

"El inicio del proceso de adopción es una sentencia firme; el acogimiento familiar preadoctivo es una sentencia firme", ha explicado en unas declaraciones a TPA recogidas por Europa Press. "Nosotros hemos cumplido sentencias firmes, igual que de firme que es la sentencia que ahora establece que se devuelva a su familia biológica", ha manifestado.

Tanto la madre biológica del pequeño, María José Abeng, como su abogada, la letrada Nieves Ibáñez, se han venido mostrando, sin embargo, muy críticas con el papel de al Administración en todo el proceso. Este mismo viernes, tras conocerse la decisión del Supremo, hacían pública una carta en la que solicitan más control de los servicios sociales en los casos de ñiños que se entregan en adopción.

Sin embargo, Varela ha dicho que en Asturias existe una "fiabilidad plena" de los servicios y ha defendido la profesionalidad "de todos y cada uno de las partes que han intervenido en esta cuestión".

"Funcionan con control, de una comisión del menor, que por unanimidad ha ido dando los pasos en este caso concreto y con el control de la Fiscalía del Principado que ha avalado todas las decisiones", ha manifestado.

Con posterioridad a las citadas declaraciones, la Consejería de Servicios Sociales ha emitido una nota de prensa en la que señala que todas sus decisiones se supeditan al interés de los menores y defiende el modelo, que permite "proteger" a más de 500 niños.

Ante las manifestaciones realizadas por la letrada Nieves Suárez, en las que se pone en cuestión el sistema de protección de menores, el Gobierno asturiano replica que el sistema de protección de la infancia en Asturias es el que garantiza la adecuada atención a los menores que se encuentran en desamparo o en riesgo, cuando sus familias no cubren adecuadamente sus necesidades, y que esa atención se articula a través de los servicios sociales especializados de la comunidad autónoma, en coordinación con los servicios municipales.

"Todas sus actuaciones, que tienen por objeto el superior interés del menor, son propuestas y valoradas por equipos técnicos multidisciplinares, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y juristas y están recogidas en expedientes de protección sometidos a la debida reserva", han explicado.

Desde la Consejería afirman que todas las decisiones están supervisadas y avaladas por la Fiscalía de Menores y el sistema judicial, además de contar con la revisión de los órganos internos de dirección, y estar sometidas al control del Letrado del Menor y la Comisión del Menor, que es un órgano colegiado integrado por profesionales de otras administraciones y de los servicios sociales.

"Los principios que guían esas actuaciones están dirigidos prioritariamente a mantener a los menores en su núcleo familiar y en esa línea, los servicios especializados promueven actuaciones que buscan principalmente apoyar a las familias y evitar su separación", aseguran desde el Principado.

La Consejería señala que la adopción "es la última medida del sistema" y que sólo se llega a ella "cuando se han agotado todas las intervenciones de apoyo a la familia y no existen otras alternativas".

"Generar dudas, temores y aportar informaciones sesgadas, ocultar otras y enjuiciar irresponsablemente a todo un sistema público daña innecesariamente el sistema de protección de menores, lo que puede derivar en graves consecuencias sobre el trabajo cotidiano con menores y sus familias", concluye el Principado.