24 de septiembre de 2016
24.09.2016
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El Principado acusa a la letrada de María José Abeng de "aportar información sesgada"

El Gobierno regional dice que "la adopción es la última medida" y que la abogada de la madre de Juan Francisco ha sembrado dudas y temores"

24.09.2016 | 04:39
María José Abeng, con su hijo Juan Francisco.

El interés de los menores siempre prevalece en la toma de decisiones adoptadas por los servicios sociales regionales y la adopción siempre es la última medida, a la que se llega tras adoptar todas las vías. Es el mensaje que lanzó ayer por medio de un comunicado de prensa la Consejería de Servicios Sociales del Principado, que dirige la socialista Pilar Varela, sobre el caso de Juan Francisco, el niño preadoptado en Sueca (Valencia) que ha regresado con su madre biológica, la ovetense María José Abeng Ayang, tras un largo proceso judicial que ha culminado con una sentencia firme en favor de la mujer que dio a luz al menor a los 14 años, cuando estaba tutelada por el Principado. A la abogada de María José, Nieves Ibáñez, le afean desde la administración regional sus declaraciones "por generar dudas, temores y aportar informaciones sesgadas". También afirman que "ocultar otras informaciones y enjuiciar irresponsablemente a todo un sistema público daña innecesariamente el sistema de protección de menores, lo que puede derivar en graves consecuencias sobre el trabajo cotidiano con menores y sus familias". El comunicado del Gobierno regional surge como respuesta a las acusaciones de la abogada de Abeng, que cuestionanba el sistema de protección de menores de la Consejería.

"Todas las decisiones de la Consejería de Servicios Sociales se supeditan al interés de los menores y defiende un modelo que permite proteger a más de 500 niños. El sistema de protección de la infancia en Asturias es el que garantiza la adecuada atención a los menores que se encuentran en desamparo o en riesgo, cuando sus familias no cubren adecuadamente sus necesidades. Esta atención se articula a través de los servicios sociales especializados de la comunidad autónoma, en coordinación con los servicios municipales", reza el comunicado.

También señala el Principado que todas las actuaciones "son propuestas y valoradas por equipos técnicos multidisciplinares, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y juristas y están recogidas en expedientes de protección sometidos a la debida reserva" y que las decisiones "están supervisadas y avaladas por la Fiscalía de Menores y el sistema judicial, además de contar con la revisión de los órganos internos de dirección, y estar sometidas al control del Letrado del Menor y la Comisión del Menor, que es un órgano colegiado integrado por profesionales de otras administraciones y de los servicios sociales".

También subraya el Principado que los principios que guían estas actuaciones con menores están dirigidas a mantenerlos en el núcleo familiar. "En esta línea, los servicios especializados promueven actuaciones que buscan principalmente apoyar a las familias y evitar su separación". De manera que, según esta versión "la adopción es la última medida del sistema y solo se llega a ella cuando se han agotado todas las intervenciones de apoyo a la familia y no existen otras alternativas".

En el caso concreto del pequeño Juan Francisco el Principado dice que todas las medidas se adoptaron con los controles establecidos "y amparadas en sentencias judiciales que se han cumplido escrupulosamente, como se seguirá haciendo con la actual sentencia firme en la que al Principado le compete el apoyo y seguimiento del menor en su familia biológica".

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