El gobierno local (Somos, PSOE e IU) aplazó ayer la solución para el mercado de abastos de La Corredoria, cuya apertura corre peligro después de que el concurso público impulsado por la concejalía de Economía fracasara al recibir sólo dos ofertas para los 14 puestos existentes en el complejo. Los tres socios de izquierdas trataron ayer el asunto en la Junta de Gobierno y decidieron desechar las dos ofertas presentadas al considerar que con dos puestos es inviable mantener abierta la instalación.

El tripartito se centra ahora en buscar una salida al mercado, consciente de que si no logra ponerlo en marcha tendrá que devolver unos tres millones de euros a la Unión Europea, que fue quien, a través del plan Urban, financió la construcción de la instalación. Esta posibilidad supondría un "gran revés" a las "ya maltrechas" cuentas del Ayuntamiento, que afronta pagos millonarios tras las sentencias de "Villa Magdalena" y el Calatrava.

Los socios tienen varias ideas, pero ninguna tomada. La más "factible" es la elaboración de nuevos pliegos de condiciones para volver a convocar un concurso e intentar atraer el interés de los comerciantes. Los tres socios barajan la legalidad de bajar todavía más los alquileres, que en el último pliego estaban en 300 euros, y fomentar una campaña entre parados para encontrar perfiles que pudieran estar interesados en llevar un local. Otra de las opciones que se han planteado estos días es la posibilidad de ofrecer un convenio al Principado de Asturias, de manera que entre las dos administraciones traten de encontrar una salida al complejo.

Las obras del mercado, que tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, se iniciaron en 2010 financiadas con fondos del plan Urban de la UE y no fue hasta 2014, con varios años de retraso, cuando llegó la primera licitación. Los pliegos presentados por el PP atrajeron el interés de 14 comerciantes, pero entre ellos no había una empresa que se ocupara del supermercado, el mayor local de la superficie. Se decidió que no era viable. Hoy el tripartito local busca una salida a un mercado que se resiste y que puede suponer un coste de tres millones a las arcas municipales.