El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, aseguraron esta mañana en sede judicial que nadie les advirtió de que el edificio de la calle Uría iba a colapsar y que no se lo esperaban. Lo hicieron en calidad de testigos, en una declaración oficial en el proceso de instrucción seguido para investigar el incendio en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio Alonso.

Durante las testificales, los dos responsables municipales fueron interrogados sobre la ubicación del puesto de mando durante el incendio y López aseguró que "era todo el perímetro".

Fernando de Barutell, abogado que defiende los intereses de propietarios y comerciantes afectados, solicitó a la jueza la declaración del regidor y el concejal de seguridad al considerar que, "en atención a sus cargos, tenían información detallada del dispositivo desplegado, estado del edificio, personas al mando y órdenes emitidas". La jueza rechazó su comparecencia por considerarla "improcedente e innecesaria al no haberse acreditado participación alguna en las tareas de extinción", "mas que la mera condición de observadores desde un inmueble cercano", de manera que "no consta" una intervención directa.

También han declarado esta mañana en calidad de testigos los funcionarios Javier Rodríguez Suárez y María José Lucas Díaz. El primero elaboró el informe de fecha de 28 de junio de 2016, en calidad de Jefe de Área de Seguridad en el Trabajo. La segunda firma un segundo informe, de 30 de junio de 2016, en calidad de Inspectora de Trabajo y Seguridad Social. La comparecencia de estos dos inspectores fue solicitada por Francisco Pérez Platas, que defiende los intereses de la familia del bombero fallecido.