Los actuales responsables de la perrera municipal, que llevan al frente del servicio en la ciudad 22 años, negaron ayer que en las instalaciones de La Bolgachina se estén produciendo "sacrificios masivos" de animales, especialmente de gatos, como está investigando el tripartito local (Somos, PSOE e IU), tras la denuncia de varios colectivos animalistas. En conversación con LA NUEVA ESPAÑA, que ayer informó en exclusiva de la investigación, los responsables de la perrera aseguraron que es "rotundamente falso" que se practiquen eutanasias ilegales, que "faltan 34 gatos" y no 70 -como calculan los animalistas- y que de esos 34 gatos "la mitad" murió de forma natural y la otra mitad murió por eutanasia "al ser víctimas" de una enfermedad llamada "panleucopenia felina" que, sostuvieron, "asola este albergue y alguno más en Asturias".

Sin embargo, los mismos gestores sí admitieron que, en los últimos meses, recibieron presiones por parte de la veterinaria jefa del servicio para reducir la población de animales del albergue, que en el último recuento oficial, que data del pasado 8 de junio, alojaba a 526 animales, 181 ejemplares más de su capacidad. "Se nos dijo que había que reducir el número de animales", confesaron ayer los responsables, que sostuvieron, no obstante, que el objetivo de tales indicaciones era adecuar el albergue a su capacidad para "que los animales estuvieran en mejores condiciones allí".

Los gestores dicen que pueden demostrar con "informes veterinarios" que las eutanasias practicadas son autorizadas y negaron que sean ellos mismos quienes realicen estas prácticas. "Nunca hemos hecho una eutanasia, no estamos autorizados. Se hacen en la clínica con la que trabajamos o en el albergue, cuando se desplazan los veterinarios", señalaron, y afirmaron que desde hace más de veinte años la clínica veterinaria con la que trabajan "condicionó la práctica de las eutanasias a sólo tres supuestos: vejez extrema, enfermedad incurable y agresividad". "Como ése era nuestro propio criterio, nos sentimos respaldados por tan autorizada opinión veterinaria", aseveraron.

Los responsables de la perrera, que se reunieron ayer en el Ayuntamiento con la edil de Salud, Mercedes González y la veterinaria municipal, reconocieron que en la instalación no existe un libro donde se registren las entradas de gatos porque "la mayoría no tiene dueños y son silvestres". "En el caso de los perros es distinto porque la mayoría tiene dueños", matizaron. También afirmaron no llevar un registro de las eutanasias que se practican porque "lo realmente importante y se necesitan son los informes veterinarios" que, garantizaron, los tienen todos. Los gestores del albergue acusaron a las animalistas de querer ser "juez y parte" en el proceso de adjudicación del servicio e hicieron un llamamiento a los ovetenses para que adopten alguno de los 134 gatos que quedan en las instalaciones. El contrato para gestionar la perrera durante los próximos dos años y tres meses es de un millón de euros, y la idea es que el nuevo adjudicatario se haga cargo de ella en noviembre.