La familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido en el trágico incendio de Uría el pasado mes de abril, recurrirá "hasta el final" el archivo de la causa dictado el martes por Simonet Quelle Coto, jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. El abogado de la familia, Francisco Pérez Platas, confirmó ayer que los familiares están "apesadumbrados" y "desesperanzados" con el archivo de la causa, pero que tienen "la fortaleza necesaria" para "agotar los medios para que se reabra la investigación". La jueza dio carpetazo al caso argumentando, entre otras cosas, que no había habido una "orden expresa" que pusiera en riesgo a los trabajadores.

"No entendemos que en seis meses se cierre una investigación cuando en casos similares se declara la causa compleja. Aquí se cierra la instrucción en un plazo muy rápido", señaló ayer el abogado, que aseguró que "agotará todos los recursos legales" para que se vuelva a investigar el incendio.

El letrado afirmó que mantienen una "discrepancia jurídica" sobre la interpretación de la norma realizada por la jueza. En concreto, Pérez Platas apunta a la ley de Prevención de Riesgos Laborales. La magistrada consideró en su auto que esta norma no es aplicable a los bomberos en un incendio y el abogado de la familia sostuvo ayer que sí, que "no existe ninguna norma que excluya" la aplicación de esta ley a los bomberos en situaciones así. Y lo explicó: "En el momento del accidente, no había ninguna situación de emergencia ya que se produce cuatro horas después del inicio. El fuego estaba estabilizado. En ese momento debía de estar todo controlado y debía haber todos los medios conforme marca la ley", señala. El letrado aseguró también que "nos llama la atención que se diga que no hay fallos acreditados" cuando, indicó, se admitió que "habían fallado los intercomunicadores". "Si fallaron los intercomunicadores, ¿cómo se podían coordinar de manera eficiente unos trabajos en el que intervienen varios bomberos desde distintos lugares?", señaló.

Por su parte, la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), expresó ayer su "indignación" por una decisión que calificó de "escandalosa" y anunció su voluntad de seguir apelando. Los mandos implicados rechazaron hacer valoraciones hasta el cierre definitivo de la causa. El alcalde, Wenceslao López, dijo respetar la decisión judicial.