Los primeros testigos llamados a comparecer en la comisión de investigación sobre la "caso Aquagest" creada en el Ayuntamiento de Oviedo no han acudido a la cita. Para las diez de esta mañana estaban programadas las declaraciones iniciales. Los llamados eran el interventor municipal, José Luis González, y la extesorera del Ayuntamiento, Concepción Alegre. El primero está de baja laboral y la segunda ya jubilada. En ambos casos la citación llegó denegada porque no fue posible hacerles entrega de la misma. Se trata de responsables de departamentos que tuvieron relación con el contrato de la trama corrupta del agua por la que está siendo investigado el exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo (PP).
Según el reglamento de las comisiones de investigación, los funcionarios que están en activo tienen la obligación de comparecer, mientras que los que no están en activo y los políticos tienen la potestad de negarse a declarar.
A juicio de la teniente de alcalde Ana Taboada (Somos), presidenta de la comisión, el "caso Aquagest" constituye "uno de los episodios más oscuros de la gestión municipal". En total, serán llamados a declarar 22 personas, entre responsables políticos, funcionarios, representantes de la empresa o personas que participaron en los viajes que están siendo objeto de investigación judicial. Entre ellas figuran los miembros de la junta de gobierno que acordaron devolver a Tribugest (del grupo Aquagest y que gestionaba la gestión de tributos, con el nombre comercial de Gestión de Ingresos) la fianza del contrato. Deberán comparecer los exalcaldes, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, así como Jaime Reinares e Isabel Pérez-Espinosa.
