Los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, la contrata que gestiona el cobro de los tributos en el Ayuntamiento de Oviedo, abrieron ayer un nuevo frente en la batalla que han iniciado para frenar la remunicipalización del servicio, con el anuncio de una huelga para la semana que viene, en plena campaña del cobro del IBI, el impuesto que más ingresos aporta a las arcas municipales. En concreto, y tomando como referencia el último presupuesto vigente, el Ayuntamiento calcula recaudar por la popularmente conocida como contribución 72,3 millones de euros, si se suman la fase voluntaria con la ejecutiva. Muy por detrás se encuentran otros dos impuestos: la plusvalía (12 millones) y la "viñeta" (11,2 millones). La suma de estos tres impuestos es la que alimenta el presupuesto municipal, que alcanza los 223,2 millones de euros.
Los empleados de La Auxiliar anunciaron ayer a través de un comunicado que plantean el parón en el servicio "ante la inminente rescisión del contrato por parte del Ayuntamiento que dejará sin empleo a la totalidad de la plantilla de trabajadores". La medida llega con las pruebas ya en marcha para la selección del personal que deberá encargarse del servicio a partir del uno de enero.
Los trabajadores de La Auxiliar ya habían abierto un primer frente para retrasar estas oposiciones y forzar una prórroga del contrato con su empresa con la presentación de un recurso en los juzgados, admitido a trámite pero ante el que el juez todavía no ha resuelto las medidas cautelares solicitadas, que incluían la paralización de las oposiciones.
Ahora, con esa batalla todavía en el aire, los trabajadores han abierto otro frente, con el objetivo de forzar al tripartito a sentarse a negociar una solución para los trabajadores que actualmente presentan el servicio. Aunque la primera convocatoria de huelga afecta a la semana que viene, desde las ocho de la mañana del día siete de noviembre al día once a las tres de la tarde, los trabajadores amenazan con prolongar el parón a la semana siguiente, la última para el cobro del IBI y por lo tanto la más crítica para el Consistorio y los contribuyentes.
La decisión de los trabajadores se comunicó ayer a la empresa y a través del comité de huelga se han acordado unos servicios mínimos.
Ángel Fernández, uno de los portavoces de los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, indicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que la huelga planteada "no es un plato de gusto, por las incomodidades y las molestias que va a causar a los contribuyentes", pero justificó la medida como "último recurso al que echar mano" ante los "oídos sordos del equipo de Gobierno a una solución de remunicipalización que no tenga que pasar por dejar a los trabajadores del servicio en la calle".
Los trabajadores insisten en que la postura del tripartito contrasta con las soluciones adoptadas por "otros gobiernos municipales de su misma ideología o muy similares que en procesos parecidos de remunicipalización sí han buscado cómo contar con los trabajadores". En Oviedo, sin embargo, denuncia Ángel Fernández, "el Alcalde se desentiende, le da igual, y aunque hemos hablado con ellos en varias ocasiones todo son buenas palabras y a la hora de la verdad se cierran en banda".
Los trabajadores argumentan que a la falta de diálogo por parte del equipo de Gobierno se suma la puesta en marcha de un concurso oposición que les "penaliza", ya que haber trabajado para la administración en este servicio puntúa la mitad en este proceso que haber trabajado dentro de la administración, no a través de una contrata, aunque sea en otro servicio.
"Cuando aprobaron esas bases", protesta el portavoz de los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, "ya demostraron que no tenían el menor interés en contar con nuestra experiencia, y creo que si hubieran podido nos hubieran prohibido que nos presentásemos". Ángel Fernández insiste en denunciar lo que, a su juicio, es "un empeño personal, disparatado, en remunicipalizar el servicio a toda costa, que se ha salido de madre, porque creemos que lo están haciendo sin las garantías legales pertinentes, con mucha imprevisión". Concluye el portavoz de los trabajadores que "el tripartito se ha tomado todo este proceso con el empeño de acabar con lo que entienden que son símbolos de épocas pasadas sin importarles un pito las familias de los trabajadores que nos vamos a ver en la calle el uno de enero". Lo que piden, resalta, es que se abra "una vía de diálogo y que al menos paralicen el proceso hasta que haya una resolución judicial sobre si las cosas está bien hechas o no, porque si es que no las consecuencias van a ser nefastas para los que estén opositando, para nosotros y para el Ayuntamiento".
