04 de noviembre de 2016

No ejecutar el fallo de medicina interna es prevaricar, dice el PP

Del Busto alega que cumplir la sentencia desencadenaría un "efecto dominó" de movimientos de médicos muy perjudicial

04.11.2016 | 03:53
No ejecutar el fallo de medicina interna es prevaricar, dice el PP

El Partido Popular advirtió ayer al Gobierno regional de que incurrirá en "prevaricación" si no ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a anular el examen de una oposición de médicos y a repetir la prueba en la que, según la propia resolución judicial, se registraron filtraciones de preguntas entre algunos miembros del tribunal evaluador y determinados opositores.

"Hay una serie de personas que han visto conculcados sus derechos fundamentales. Y mientras haya personas con sus derechos conculcados, la sentencia debe cumplirse para restituirles esos derechos, y no hacerlo conlleva una prevaricación", subrayó el diputado autonómico Carlos Suárez en el marco de un debate en la Junta General del Principado con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

En el pleno de la Cámara, el portavoz sanitario popular formuló al Consejero una pregunta sobre cuándo y cómo piensa ejecutar la sentencia sobre un concurso-oposición que en 2011 dio plaza fija a 23 especialistas en medicina interna. Es bien conocido desde la semana pasada que Sanidad ha solicitado que la resolución del Alto Tribunal no sea aplicada, apelando a las graves consecuencias que su ejecución acarrearía para el servicio sanitario público.

Carlos Suárez refutó este argumento: "La ejecución de la sentencia supone nada más que un cambio de lugar, pero esos 23 profesionales no desaparecen, no se les expulsa de ningún lado", subrayó. Y agregó: "La realidad es que sí se puede cumplir la sentencia. El problema es que usted quiere cumplirla a su manera, sin exigir responsabilidades a nadie y sin perjudicar o contradecir a ciertas personas, no sé si por presiones, por chantaje o por otra razón".

En su réplica, el titular de Sanidad expuso con más detalle argumentos que ya había esbozado en días pasados, aunque empezó recogiendo el guante de su oponente. "Tengo presiones, sí, muchísimas: los ciudadanos. Son el único interés que tengo en este momento".

Según Del Busto, el Gobierno asturiano ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias -como responsable de la ejecución de la sentencia- "las consecuencias para el Principado de cumplir la sentencia en sentido estricto", de modo que los jueces "nos digan cómo debemos actuar".

El titular de Sanidad señaló que "todas las opiniones jurídicas" recabadas por su Departamento "coincidieron en que la anulación de la prueba alcanzaba también a los 23 médicos que sacaron la plaza". Por este motivo, "la ejecución implicaba como primer acto la anulación de los nombramientos y la declaración de la existencia de 23 plazas vacantes".

En esta hipotética tesitura, prosiguió, la sanidad regional se veía amenazada por un "efecto dominó", en el que "23 personas que perdían su plaza de propietario y volvían a su plaza de origen desplazaban a otros 23, y éstos a otros 23...". Según el Consejero, "el problema surgiría cuando esta decisión ocasionase graves alteraciones en el servicio sanitario, ya que durante múltiples meses estaríamos en procesos de disolución de plazas que a su vez se incorporarían a otras plazas y desplazarían a otros profesionales". En resumen, "la ejecución produciría un escenario sanitario de altísimo riesgo".

Del Busto intentó atajar otro argumento que esgrimen quienes defienden opciones alternativas a no ejecutar la sentencia del Supremo: "No era posible anular los nombramientos de 23 médicos fijos y seguir contratándolos como interinos, porque nos saltaríamos la legislación vigente".

El titular de Sanidad indicó que el propio Supremo, en un caso reciente "idéntico" referido a un concurso de 250 enfermeros de la Junta de Extremadura "declaró procedente indemnizar a los aspirantes recurrentes", y no ejecutar el fallo inicial. En el caso de la sentencia de medicina interna de Asturias, los recurrentes eran Jaime Costales Escudero y Manuel Costas Sueiras, ambos médicos interinos que suspendieron la oposición; el primero trabaja en el hospital de Jarrio (Coaña), y el segundo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En la mañana de hoy, el pleno de la Junta debatirá una proposición de ley de Podemos para cambiar el modelo de exámenes de las oposiciones de médicos especialistas. Es prácticamente seguro que obtendrá el apoyo mayoritario de la Cámara, con sólo el PSOE en contra.

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