Aunque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo no tiene dudas políticas sobre la necesidad de remunicipalizar los servicios, el concejal de Economía, Rubén Rosón, salió ayer del Encuentro de ciudades por el agua pública celebrado en Madrid cargado de más razones para extremar los controles sobre la empresa encargada del agua en el municipio, Aqualia.
Rosón asegura que la situación de la contrata es "preocupante" y tiene claro el diagnóstico inmediato: "vamos a poner la lupa para que no se vayan millones de euros por el retrete". La preocupación del concejal de Economía y la sospecha de los dineros que el municipio podría estar perdiendo se basa en cuestiones generales como la conclusión del Tribunal de Cuentas de que la gestión privada del agua es un 22% más cara que la pública, pero también en la imposibilidad práctica, por parte de cualquier Ayuntamiento, de controlar la gestión del agua. "En Oviedo vamos estar vigilantes, vamos a tener los ojos muy abiertos, porque ya vimos en abril, por ejemplo, lo que sucedía con los hidrantes en la calle Uría". Rosón se refiere, en este caso, al estado de las instalaciones y el control que un Ayuntamiento puede tener de esa puesta a punto de la red. Pero extiende sus dudas a otros aspectos como la facturación del servicio. "Al ser un servicio de cobro directo", razona, "es casi imposible saber cómo y qué están cobrando, y no puede ser que cobren sin ningún control municipal sobre caudales y consumos".
Sobre las facturas y la forma en que el agua privatizada afecta a los ciudadanos, Rosón vuelve de Madrid con la idea clara de que los municipios con empresas públicas llevando el agua no cargan el IVA a los contribuyentes porque no buscan el beneficio empresarial, y que, además, en muchos casos las empresas repercute también al ciudadano el canon concesional. Por contra, si el servicio es público, los Ayuntamientos tienen todo el control y pueden, como Rosón vio en algunos casos expuestos en Madrid, establecer cuotas, bonificaciones, modificar tarifas o gestionar los recibos del agua de otra forma. Municipios, por ejemplo, que establecen un consumo mínimo vital de agua libre de canon o que toman la decisión política de no cortar nunca el suministro a nadie. "Los que tenemos el servicio privatizado, no podemos hacer eso", razona Rosón, "y el problema con el agua, es que no es un servicio, es un derecho universal, y el que garantiza estos derechos tiene que ser lo público, no se puede cortar el agua a una familia por no poder pagarla".
Los técnicos reunidos en Madrid, un encuentro donde se ha impulsado la constitución de la Red de municipios por el agua pública, en la que Oviedo también quiere estar, expusieron otras malas prácticas de las empresas privadas que gestionan el agua. Una de ellas, contó Rosón, es que una parte importante del beneficio que obtienen no está en la gestión del servicio, sino en las obras de adecuación derivadas de la concesión que acometen. "Se acomete un volumen importantísimo de mejoras en la red, y se dan casos en los que la propia concesionaria licita estas actuaciones con precios por encima de mercado, más elevados que cualquier otra empresa. Es uno de los nichos de donde saca el beneficio. Por eso ahora tendremos que estudiar y comprobar si en Oviedo está sucediendo eso, si existen ese tipo de prácticas".
La conclusión, para el concejal de Economía, es que las empresas municipales de agua dan beneficio, como lo dan también las privadas. Con la diferencia de que si gestiona una empresa pública reinvierte los beneficios en la mejora de la red, la bolsa común o el gasto corriente, porque aumentan los ingresos. Y esos motivos son los que han llevado a todas las grandes ciudades europeas a iniciar procesos de remunicipalización del servicio de agua. Uno de los casos paradigmáticos es el de París, que también estuvo presente en las jornadas madrileñas, y que después de 25 años con el servicio de agua privatizado, lo devolvió a la gestión pública en 2010.
Rosón es consciente de que remunicipalizar a corto plazo el servicio de agua de Oviedo es una misión muy complicada. A la contrata le quedan años y para rescindir el servicio, recita el concejal, "tendría que cumplir de manera flagrante y gravosa el articulado del pliego de condiciones, que hubiese actuado de mala fe durante muchos años sabiendo que está incumpliendo y entrar a partir de ahí en un proceso judicial".
Lo importante ahora, no obstante, matiza Rosón, es "saber dónde poner la lupa y extremar los controles a Aqualia, porque nos da la sensación de que no está cumpliendo al cien por cien el pliego de condiciones". Primero la fiscalización del servicio y después saber qué medidas se pueden tomar, concluye.
