Sobre la necesidad de fiscalizar y extremar los controles sobre Aqualia ante la sospecha de irregularidades en el servicio de aguas que esta empresa del grupo FCC presta al Ayuntamiento de Oviedo "no hay discrepancias en el equipo de Gobierno, sino todo lo contrario". Así lo expresó ayer la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, preguntada por los planes que el concejal de Economía, Rubén Rosón, planteó el pasado sábado en este periódico a los que siguió la estupefacción de la concejala encargada del área de infraestructuras, Ana Rivas.

Taboada quiso zanjar la polémica, reiteró las palabras de Rubén Rosón y detalló que la preocupación sobre la contrata del agua "se trasladó y es conocida por la concejala". Además, Ana Taboada recalcó que por parte del equipo de Gobierno "hay un compromiso político en relación al control público de las concesionarias de servicio", y eso incluye también "algo tan sensible y tan fundamental", explicó, "como es la gestión del suministro de agua potable".

La primera teniente de alcalde recordó que su grupo ya manifestó sus dudas sobre el estado de determinadas infraestructuras, como los hidrantes inutilizados que se detectaron a consecuencia del incendio de Uría, donde una plataforma presentó, además, un escrito al Ayuntamiento. Pero más allá del detalle concreto de Aqualia, Taboada reiteró que "forma parte del compromiso político y el equipo de Gobierno tiene muy claro que hay que fiscalizar y controlar la gestión externa de los servicios públicos". Taboada anunció que se está "avanzando" en esta idea y que además de las cuatro personas de fiscalización "previa y posterior" que se incorporarán al Ayuntamiento dentro de Intervención, también se está analizando la necesidad de desarrollar posibles auditorías concretas para los distintos servicios municipales que ahora están en manos de empresas privadas a través de contratas.