El empresario José María Fernández-Mayo Menéndez, conocido como "Morgan", se sienta hoy en el banquillo por un presunto delito de alzamiento de bienes y por falsear las cuentas de su sociedad cuando estuvo al frente de un hotel en Comandante Vallespín. La Fiscalía solicita una pena de siete años de cárcel para el que fuera marido de la televisiva Leticia Sabater, mientras que la acusación particular, representada por el abogado Marco Fernández Pintado, pide ocho años. El juicio comenzará a las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Según relata el fiscal, los hechos comenzaron con la construcción del hotel que Fernández Mayo regentó en Comandante Vallespín. Una de las empresas que participó reclamó por vía judicial en 2012 al empresario 105.441,63 euros por unas obras en el edificio. Ambas partes llegaron a un acuerdo para abonar la deuda a plazos. Pero siempre según el fiscal, la compañía de Fernández-Mayo, Iverferma, sólo afrontó el pago del primer plazo. De ahí que la mercantil denunciante, solicitara el embargo de sus cuentas. El 10 de junio de 2013 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo ordenó el embargo de todos los ingresos del hotel del empresario. Sin embargo el acusado, para eludir las responsabilidades de su empresa frente a la demandante "y otros acreedores" vendió el 25 de junio de 2013 a Solvia el hotel por 3,5 millones y destinó el dinero a cancelar las hipotecas que pesaban sobre la finca.
Ese mismo día y también a Solvia (propiedad de Banco Sabadell) vendió por 120.000 euros el mobiliario del hotel y destinó 38.131,59 euros para pagar el IBI que adeudaba al Ayuntamiento de Oviedo. También entonces, Inverferma presentó la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores y la petición de apertura de liquidación de la compañía. Días antes, Inverferma vendió cuatro de las 21 plazas que la empresa tenía en un aparcamiento de la calle Real Oviedo. "Se desconoce el destino de las cantidades percibidas con ocasión de esta venta. Las plazas restantes están hipotecadas hasta el punto de resultar imposible obtener de ellas rédito económico alguno", asegura el fiscal en su escrito, que además señala que la empresa de Fernández-Mayo llevaba sin presentar las cuentas en el Registro Mercantil desde 2010, incluyendo los ejercicios 2011 y 2012. La sociedad presentó los balances junto a la declaración del concurso de acreedores. Pero los números, siempre según el fiscal, "no reflejaban la situación real".
La Fiscalía asturiana considera que la empresa no presentaba unas cuentas de resultados que justificaran la puesta en marcha del concurso de acreedores. Y que si lo logró fue gracias a que en el balance de 2011 se incluyó "una supuesta deuda" por más de 1,58 millones de euros reclamada por otra compañía de Fernández-Mayo. "No existe justificación de dicho crédito (deuda), ni documentación que avale su realidad", alega el fiscal. La compañía que reclama las cantidades a Inverferma alega estar en preconcurso por culpa de la deuda y pide ocho años de cárcel para el empresario.
