El proceso de remunicipalización del servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, la apuesta política de mayor calado del gobierno tripartito de la ciudad, sufrió ayer un duro revés con la paralización, por orden del juez, de las oposiciones para dotar de personal al nuevo servicio, que tendría que entrar en funcionamiento el uno de enero. Como gato panza arriba, los tres socios del tripartito se resistían ayer a prorrogar por un año más la contrata con La Auxiliar de Recaudación, la empresa privada que en la actualidad gestiona los tributos en Oviedo y cuyos trabajadores han logrado, con su recurso, que se adopten estas medidas cautelares que dejan en suspenso el proceso.

El juzgado de lo contencioso número cinco resuelve en el auto conocido ayer que se paralicen las oposiciones al considerar que, de no hacerlo, puede dar lugar a una serie de perjuicios de cajón, o como escribe el magistrado Miguel Ángel Carbajo "cuya apreciación no requiere de una especial labor intelectual". Y así, ejemplifica, si el fallo del juicio previsto para febrero es contrario a las pretensiones del Ayuntamiento, podría ocasionar "unos perjuicios de muy difícil reparación, cuando no imposible" para los opositores que habiendo logrado su plaza vean cómo una sentencia "trunca sus expectativas laborales".

Ese es el argumento principal, y el juez despacha con soltura las objeciones planteadas por el Ayuntamiento. Así, al interés público en cubrir las plazas, razona que el personal adscrito a ese servicio lo ha desarrollado "con plena satisfacción de los intereses públicos" y el Ayuntamiento podrá seguir cobrando los tributos "a través de alguno de los mecanismos jurídicos que el ordenamiento pone al alcance de la Administración hasta que se solventen las dudas de legalidad que actualmente pesan sobre la convocatoria cuestionada".

Aprovecha el magistrado para dar un tirón de orejas al tripartito cuando deja caer que el Ayuntamiento quiere poner en marcha el servicio "con celeridad y en el último momento". Y aunque mantiene en otra parte del auto que "no cabe que las medidas cautelares afecten a la relación contractual con La Auxiliar", aventura que son razones "de pura oportunidad" las que han llevado al Ayuntamiento a optar por una forma de gestión que en fase de medidas cautelares "debe ser especialmente ponderada".

El juez subraya, por último, que las pruebas ya han concluido en su primera fase, la de los exámenes, y que al restar sólo el concurso y la atribución de las plazas, la suspensión en este punto no genera perjuicios a los que han participado en el proceso.

Aunque se puede recurrir el auto de las cautelares, como el Ayuntamiento ya anunció que hará, este recurso llamado "de apelación en un efecto", supone pedir amparo al Tribunal Superior de Justicia, que según los ritmos habituales no resolvería antes del uno de enero y casi tampoco antes de que se celebre el juicio en cuestión, en febrero.

Así, el auto que paraliza las oposiciones impide en la práctica que los opositores concluyan el proceso, tomen posesión y puedan estar desarrollando el servicio el uno de enero, como pretendía el equipo de Gobierno.

Para el abogado Miguel Teijelo, del despacho De la Iglesia y Teijelo, que representa en este caso a la asociación de trabajadores de La Auxiliar, al Ayuntamiento no le queda otra que prorrogar un año más la concesión de la contrata de recaudación. "Sería oportuno un poco de cordura en el gobierno local", razona el letrado, "y ésta pasa por la prórroga; no hay otra opción viable por el interés público", puntualiza.

Sin embargo, para el equipo de Gobierno una nueva prórroga del contrato con la Auxiliar de recaudación es ahora mismo la última opción. En una nota de prensa, los tres socios insistieron en que otros tres autos judiciales habían descartado antes las medidas cautelares, anunciaron que presentarían el recursos y anunciaron que estudiarán "las alternativas posibles respecto al proceso de remunicipalización" asesorados por "técnicos municipales".

Las alternativas citadas podrían pasar, como el alcalde llegó a afirmar hace unos meses, por acudir a una bolsa de interinos. Otras fuentes señalan que se baraja la posibilidad de poner en marcha el servicio con los propios funcionarios municipales y también se apunta de una posibilidad que combine las dos opciones.

Los trabajadores de la Auxiliar de recaudación mostraron ayer "alegría contenida" ante el auto y recordaron al concejal de Economía, Rubén Rosón, las palabras que pronunció hace semanas: "no vamos a parar hasta que un juez nos lo diga". "Ahora ya se lo ha dicho", concluyeron Ángel Fernández y María Jesús Castañeira.

La deriva política dio para cruces de acusaciones. Desde la oposición, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, alertó de que "el empecinamiento del tripartito está poniendo en peligro los ingresos del Ayuntamiento" y desde el PP Gerardo Antuña reclamó que otro concejal sustituyera a Rosón por su incapacidad. "No lo han podido hacer peor", declaró, "es lo que pasa cuando antepones la ideología a la gestión". Rosón replicó con un mensaje de tranquilidad: "Que no se preocupen los ovetenses, igual que hicimos con el presupuesto, también tenemos soluciones para este nuevo palo en la rueda"; y con otro de combate: "Parece una broma de pésimo gusto que quien ha ayudado a endeudar el Ayuntamiento hasta límites históricos, se muestre ahora preocupado".

La Auxiliar, por su parte, ya presentó el viernes pasado un escrito, aportado en los recursos judiciales abiertos, mostrando su disposición a prorrogar un año más el contrato si se le comunica con el tiempo suficiente.