La oposición en la que 23 médicos de la región obtuvieron plaza fija en la sanidad pública en el año 2011 deberá ser repetida de forma parcial. Los 23 especialistas en medicina interna que ocupaban esas plazas indefinidas perderán su condición de propietarios y deberán volver a realizar el segundo examen del proceso selectivo y a ser baremados, esta vez con un nuevo tribunal evaluador.
Así lo determina un auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que rechaza la pretensión de la Consejería de Sanidad de no ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo que anuló una parte del concurso-oposición debido a las filtraciones de preguntas a algunos opositores, por parte de determinados miembros de la comisión evaluadora. Ahora habrá que ver si alguna de las partes en conflicto decide recurrir este fallo del Alto Tribunal asturiano y llevar de nuevo el caso al Supremo. Según ha podido saber este periódico, es prácticamente seguro que el Principado dará por bueno el fallo y no opondrá más resistencia.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias está fechado el pasado día 2, pero hasta ayer no fue notificado a las partes afectadas. Además de su interés puramente jurídico y sanitario, esta resolución encerraba un morbo especial, pues esta misma Sala había dictaminado en 2014 que en el concurso-oposición de medicina interna no se había registrado irregularidad alguna. El pasado mes de febrero, el Supremo revocó esta decisión y anuló el procedimiento de selección a partir del momento anterior al segundo examen.
La Consejería de Sanidad dio largas a la ejecución del fallo hasta el pasado mes de septiembre, cuando el Gobierno regional solicitó la declaración de imposibilidad material de aplicar el fallo judicial. ¿Por qué? El Ejecutivo autonómico argüía que ejecutar la sentencia era inviable porque, de hacerlo, la asistencia sanitaria "se vería gravemente perjudicada al no disponer de suficientes especialistas de medicina interna para sustituir a los facultativos afectados por la sentencia". ¿Y por qué no habría médicos? Porque los 23 especialistas que había sacado plaza en propiedad, y que con el fallo la perderían, habían amenazado a la Consejería de Sanidad con abandonar la sanidad pública asturiana si se les desposeía del puesto fijo.
Esta petición del Principado de solicitar la no ejecución de la decisión del Supremo causó un notable impacto en el sector sanitario. Muy contrarios a la misma se mostraron los dos médicos que habían llevado el concurso-oposición hasta el Supremo. Sus abogados, Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo, replicaron que la argumentación esgrimida por el Gobierno asturiano "raya en la mayor de las indecencias" y fue "fabricada" de forma "artificiosa" mediante "un apaño" entre la Administración sanitaria y los médicos afectados por la sentencia. A juicio de estos letrados, el fallo del Supremo era "perfectamente ejecutable desde el momento en que se dictó", por lo cual reclamaban "el inmediato cumplimiento de lo dispuesto".
También los médicos afectados por la sentencia pedían que no se ejecutase, y se remitían a los argumentos de la Consejería de Sanidad.
Este complejo bosque de posturas era el que tenía que desbrozar la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Con un factor adicional que entró en danza a principios de este mes: la decisión de la Fiscalía de formular ante el Juzgado de Guardia de Oviedo una denuncia por "presuntos delitos" de prevaricación, tráfico de influencias y violación de secretos contra Victoriano Cárcaba, director del área de gestión clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en su actuación como presidente del tribunal del concurso-oposición. La fiscal adoptó esta medida después de estudiar la denuncia que a su vez habían interpuesto cinco médicos.
¿Se marcharán?
En esta especie de "segunda vuelta" en el mismo caso, los jueces asturianos concluyen que "resulta inadmisible pretender tener en cuenta otras circunstancias distintas a las que el propio Tribunal Supremo tuvo en consideración al dictar la sentencia".
En su auto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias responde al argumento de la Consejería de Sanidad aclarando que los nombramientos de los 23 médicos que habían obtenido plaza en el concurso-oposición están ya anulados por la sentencia". El fallo agrega que "nada impide a la Administración sanitaria mantener a los afectados en sus puestos de trabajo de forma temporal". Según los magistrados, el hecho de que los especialistas rechacen la posibilidad de seguir en sus puestos como interinos y amenacen con abandonar la sanidad pública "no puede erigirse en motivo determinante de la inejecución de la sentencia".
Queda ahora por ver si los 23 especialistas afectados llevan a efecto su advertencia de marcharse del Servicio de Salud del Principado. Seis trabajan en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y otros seis en el Valle del Nalón (Riaño); cuatro en el Hospital de Cangas del Narcea; tres en Cabueñes (Gijón) y otros tantos en el San Agustín (Avilés); y uno en el Hospital Álvarez-Buylla (Mieres). Algunos de ellos incluso desempeñan cargos de responsabilidad en la Administración sanitaria.
