Los jueces reducen en casi 7,3 millones la factura al Ayuntamiento por el Calatrava

El tripartito municipal medita si recurre la sentencia del Tribunal Superior de Asturias Los errores de la visera ya fueron indemnizados, dice el fallo

10.01.2017 | 15:04

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó ayer una sentencia que rebaja en casi 7,3 millones de euros la cuantía que el Ayuntamiento de Oviedo deberá pagar a la empresa Jovellanos XXI en concepto de liquidación por cancelar el contrato de explotación del Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, popularmente conocido con el Calatrava. La factura queda fijada en el entorno de los 18,5 millones frente a los 25,7 millones que había establecido el pasado mes de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital del Principado.

El equipo de gobierno municipal (PSOE, Somos, IU) estaba en la tarde de ayer analizando el fallo judicial. Debe decidir si lo da por bueno o si, por el contrario, presenta ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, posibilidad para la que dispone de 30 días.

Inicialmente, Jovellanos XXI, la empresa que resultó adjudicataria de las obras en el año 2002, en pleno boom inmobiliario, había reclamado un total de 90,2 millones de indemnización por la resolución del contrato. El juez de lo Contencioso redujo esta cifra de forma muy sustantiva y ahora el Tribunal Superior la recorta de nuevo. Pero es que el Ayuntamiento de Oviedo había llegado a pedir una absolución total de pago alguno.

La sentencia dictada ayer por la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal asturiano ha tenido como ponente a Julio Luis Gallego Otero. La resolución desestima el recurso de apelación interpuesto por Jovellanos XXI (en liquidación) y estima en parte el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del pasado mes de junio. Ahora, los magistrados establecen que de las cifras que había estipulado la sentencia precedente deben deducirse, respectivamente 312.540 euros y 6.950.926 euros. La primera cuantía era de 710.657 euros, y su recorte responde a un error material en el cálculo de los gastos generales y del beneficio industrial. La segunda, la más sustancial, partía de 25.044.033 euros, y su ajuste obedece a que, a juicio de los magistrados, la imposibilidad de que la visera del edificio pueda moverse ya había sido compensada previamente con el pago de una indemnización del arquitecto Santiago Calatrava a Jovellanos XXI.

Este litigio tiene su origen en la decisión adoptada el 22 de agosto de 2014 por la junta de gobierno municipal (presidida por el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, del PP) en la que se aprobó la liquidación del contrato de explotación con Jovellanos XXI y la ruptura definitiva entre el Ayuntamiento y la empresa. De esta forma, el Consistorio pasó a asumir definitivamente la explotación de las instalaciones del palacio de congresos sin hacer frente a ningún pago.

En el primer fallo, el juez determinó que esta decisión no se ajustaba a la ley, y lo declaró nulo. A los 90,2 millones que pedía Jovellanos XXI como indemnización por la resolución del contrato, el juez les descontó casi 66 millones por el aprovechamiento lucrativo que el Ayuntamiento cedió a la empresa tras una modificación del contrato en 2005. Y es que el juez no consideraba ni "adecuado" ni "justo" que el Ayuntamiento se viera obligado a compensar al contratista por la inversión total efectuada cuando la resolución del contrato "tiene lugar por causas no imputables a la Administración".

Tras conocer la sentencia dictada ayer, la teniente de alcalde Ana Taboada, de Somos, afirmó, en referencia a los anteriores gobiernos municipales del PP, que "en ningún país europeo sería siquiera imaginable que los autores de este desfalco a las arcas públicas siguieran en la política. Por responsabilidad y decencia deberían dimitir".

"Me gustaría decir que la última sentencia del Calatrava es una buena noticia, pero que la losa baje de 25 millones a 18 millones no es para dar saltos. Los gobiernos del PP llevaron a este Ayuntamiento a la bancarrota", subrayó Taboada, quien agregó que "todos aquellos que formaron parte de la 'operación de los palacios' y los que con sus acciones avalaron posteriormente las políticas de sus antecesores deberían dimitir".

Desde el grupo municipal socialista, Ricardo Fernández, portavoz adjunto, señaló que el equipo de gobierno "estudiará con los técnicos municipales la estrategia jurídica a desarrollar tras este último dictamen judicial". A su juicio, "la reciente sentencia sobre el palacio de Calatrava es otro de los ejemplos de cómo los ilustres gestores del PP siguen expoliando el Ayuntamiento de Oviedo incluso desde la oposición". "Como consecuencia de estos pufos en diferido, inversiones de más de un año destinadas a todos los ovetenses están siendo enterradas por Gabino y Caunedo como resultado de su eficiente gestión para los intereses privados", destacó.

Entre tanto, el concejal del PP Gerardo Antuña indicó que "es una sentencia menos mala que atiende a muchos de los argumentos que en primera instancia no habían sido aceptados por el juez". Según Antuña, el Partido Popular "siempre ha trabajado intentando defender lo público, y consideramos que el coste de esta factura debe ser cero. Queremos felicitar a la abogacía consistorial, que ha sido la responsable de llevar adelante el recurso", apostilló el portavoz adjunto de los populares.

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