El director del hotel de la Reconquista, José María Barrán, resultó absuelto por falta de pruebas de un delito de amenas contra Raquel Agüeros, trabajadora del hotel de la Reconquista, presidenta del comité de empresa y ahora exempleada, tras su despido el pasado diciembre.
La decisión de la jueza Begoña Fernández, contra la que cabe interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, se fundamenta en que las pruebas aportadas no permiten condenar al director del hotel. "No sólo nos hallamos ante versiones contradictorias ofrecidas por los intervinientes", explica la sentencia, sino que la explicación de otro trabajador del hotel no pudo aportar luz sobre los hechos denunciados; "no sabes con quién estas jugando, voy a matar a tu hijita", asegura que le dijo el director, durante un encuentro que mantuvo con él, cuando iba a justificar las horas que había utilizado para testificar en un juicio contra la empresa.
El compañero de Agüeros que declaró ayer asegura que se ausentó con la intención de buscar un café para su compañera, que se sentía mareada. Ella asegura que fue en ese momento cuando recibió las amenazas del director. "Las precedentes argumentaciones conducen con meridiana claridad a un pronunciamiento absolutorio para el denunciado", subraya la magistrado-juez en la sentencia contraria a los intereses de la exempleada.
El enfrentamiento judicial entre el hotel de la Reconquista y su extrabajadora vivió ayer un nuevo episodio en el Juzgado de lo social, donde quedó visto para sentencia el proceso en el que Raquel Agüeros litiga contra la empresa Hotusa, concesionaria del establecimiento, de titularidad del Principado de Asturias, por la sanción sin empleo y sueldo que se le impuso en los meses previos a su despido. En su momento, la empleada cumplió con el castigo, fruto de la suma de dos penalizaciones de 30 y 15 días, antes de ser despedida, el pasado diciembre. Su reclamación quedó ayer vista para sentencia después de que ambas partes discutiesen si las declaraciones públicas en las que criticó las condiciones laborales del centro sobrepasaron los límites de la libertad de expresión y sindical y también las supuestas presiones a compañeros, contrarios a sus opiniones.
La abogada del grupo Hotusa, al que pertenece Ópalo, compañía que gestiona el hotel, alegó que Agüeros perseguía con sus declaraciones que el gobierno regional terminase su relación con la empresa. Esto, señaló, está "fuera de sus competencias" de defensa de los trabajadores. Argumentó también que sus palabras han hecho un "daño tremendo" a la imagen del hotel. La abogada de Agüeros, por su parte, declaró que la coacción a compañeros "no ha quedado acreditada" y tras escuchar las declaraciones de los testigos (Abel de la Fuente, abogado que instruyó el expediente que la empresa impuso a Raquel Agüeros, y varios trabajadores) señaló que "se ve clarísimamente que está todo orquestado contra el comité".
Cuando la demandante llegó al Juzgado encontró una concentración de apoyo en la que participaron Gaspar LLamazares y Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU). "El Principado no puede mirar para otro lado", dijo este último, en alusión a su papel como vigilante del contrato de arrendamiento. Y también se pronunció el secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras: "La mala imagen del hotel la produce esta compañía con su acoso y derribo a los trabajadores".
