El IBI diferencial introducido en las ordenanzas fiscales de 2017 por el gobierno tripartito de Oviedo con el objetivo de que "las 252 grandes fortunas de la ciudad" paguen más y 200.000 contribuyentes no vean incrementados sus impuestos, ha estallado en el seno del Colegio de Abogados de Oviedo en forma de "catastrazo". La institución acaba de descubrir que su sede en la calle Schultz es una de las afectadas por la nueva fiscalidad introducida por el concejal de Economía Rubén Rosón (Somos) y que se traducirá en un incremento de un 45 por ciento de su recibo, unos 10.000 euros. Ante esta situación, y tras estudiar las ordenanzas, la junta del Colegio ha anunciado que recurrirá las tasas porque ve motivos de "fondo y forma" para reclamar su anulación.

Ni el gobierno municipal ni el Colegio de Abogados sabían hasta ahora que la sede de la calle Schultz era una de las afectadas por el IBI "a las grandes fortunas". Esta medida se aplica directamente para determinados tipos, el de oficina en este caso, y a partir de determinados valores catastrales, por encima de un millón de euros, concretamente. No es una cuestión nominal y sí catastral. Y así, al darse cuenta de que la referencia catastral del Colegio figuraba entre los afectados, fue como los abogados se dieron cuenta de lo que se les venía encima.

El decano del Colegio, Ignacio Cuesta, recalcó ayer a este periódico que el recurso que se está preparando es una cuestión "estrictamente jurídica". El Decano descarta cualquier cuestión política y destaca la buena relación entre la institución y el Ayuntamiento, con varios convenios suscritos recientemente. Cuesta también subraya que la solicitud para anular las ordenanzas fiscales no es una enmienda a la totalidad en la que el Colegio vaya a poner en cuestión el IBI diferencial, sino tan sólo que han detectado que la afectación que se hace de la sede colegial no es correcta.

En resumen, concluye Ignacio Cuesta, "este incremento del IBI nos supone un coste muy importante y creemos que hay argumentos técnicos para discutirlo en los tribunales".

El razonamiento del Colegio parece que vendría, pues, más por la idea de que se ha tratado su sede dentro del tipo de edificios de oficinas, mientras que la institución entiende que esta calificación no es correcta, al no tratarse de oficinas comerciales donde se obtenga un rendimiento económico por la actividad que allí se desarrolla.

La noticia del recurso de los abogados contra las ordenanzas fiscales de este año, que son la base del presupuesto municipal, saltó ayer por una comunicación interna a todos los colegiados en la que se les anuncia el inicio de las acciones judiciales.

En ella se explica que la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Oviedo se aprobó a finales de año estableciendo tipos de gravamen diferenciados para determinados inmuebles urbanos, en atención a los usos y al valor catastral de los mismos. Ahí es donde "se señala a la sede colegial, lo que conllevará que el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles a satisfacer por el Colegio de Abogados de Oviedo se incremente en un 45 por ciento".

"En consecuencia", concluye la explicación a los abogados, "considerando que existen motivos de fondo y forma que pudieran ser determinantes de la nulidad de la citada Ordenanza Fiscal del IBI, la junta de gobierno ha adoptado el acuerdo de interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva de la misma".

Preguntado en rueda de prensa durante la explicación de los presupuestos de Economía, donde nuevamente Rubén Rosón volvió a explicar los cuatro millones de ingresos extra que les supondrá el IBI diferencial, el concejal mostró su "extrañeza" por el anuncio del recurso del Colegio de Abogados.

Rosón recalcó que las Ordenanzas Fiscales estuvieron sometidas a un periodo de información pública y de alegaciones superior a treinta días antes de su aprobación definitiva, y que ya en el mes de noviembre el Colegio de Abogados podría haber presentado alegaciones. "Como ahora se les ha acabado el plazo por la vía ordinaria, presentan el contencioso", aventuró el edil de Somos como una hipótesis.

El concejal de Economía también se mostró dialogante y explicó que "si el Colegio lo tiene a bien, tiene las puertas abiertas en el Ayuntamiento para venir a preguntarnos y que les expliquemos el porqué de estas medidas".

En principio, según el concejal, no es posible hacer ningún tipo de distingos en la aplicación de un IBI diferencial de estas características, puesto que se aplica por el valor catastral y los usos, sin que ellos mismos sepan nominalmente a quién pertenecen las referencias catastrales afectadas. Dentro de las pocas excepciones a este "catastrazo" está el HUCA, que libró al no incluirse en la norma los usos sanitarios.