Las sentencias que declaran ilegales las multas impuestas por el radar fijo de velocidad situado en el Bulevar de Santullano -en el carril de acceso a la ciudad desde la "Y"- han dejado en el aire las 11.333 sanciones impuestas por el Ayuntamiento desde el 25 de abril de 2012, cuando comenzó a funcionar el polémico cinemómetro fijo. Al menos así lo defienden los abogados consultados ayer por LA NUEVA ESPAÑA después de que este periódico publicara en exclusiva que los tribunales ovetenses -ya hay cuatro sentencias en este sentido- están obligando al Ayuntamiento a devolver el dinero de las multas (hasta 300 euros) y reponer los puntos del carné restados (4) a los conductores sancionados. Los jueces entienden que la caja del radar no cuenta con las verificaciones exigidas por la ley.

Los letrados defienden además que si la multa ha sido mal puesta por la ilegalidad del cinemómetro, además del dinero (más intereses de demora) y los puntos habría que devolver "los daños patrimoniales causados" a los conductores, si los hubiera. Por ejemplo, si la retirada de los puntos supone perder el carné y tener que acudir a un curso para recuperarlos, la administración tendría que hacerse cargo de la factura. "Ya hemos tenido casos en los que el cliente recuperó el importe de la academia", explicaba ayer el letrado Federico Fernández Álvarez-Recalde. Recalde va más allá y asegura que la responsabilidad patrimonial incluiría también los ingresos que el afectado hubiera dejado de percibir -por ejemplo un taxista un repartidor- por perder el carné.

Gerardo de la Iglesia coincide en el diagnóstico de su colega. Y más aún después de que ayer, Ricardo Fernández (PSOE), concejal de Seguridad Ciudadana, reconociera que el radar está en situación ilegal. "Nunca se puede decir de que un pleito está ganado, pero en este caso se cumplen todos los requisitos legales para ello, está más claro que el agua. Y encima la administración reconoce que se ha hecho mal", apuntó el abogado. De la Iglesia teme que se produzca "una cascada" de reclamaciones en los juzgados de lo contencioso-administrativo que acabe "atascando aún más los juzgados" teniendo en cuenta los pleitos que están generando la reclamación de las plusvalías o las de las cláusulas suelo de las hipotecas.

Mientras, Luis Moreno, el abogado cuyo despacho ha desatado la tormenta con las cuatro sentencias ganadas por las multas del radar de Santullano, va más allá y afirmó que "todos los dispositivos" utilizados por las distintas administraciones para multar (radares fijos, móviles, de mano, "foto-rojos"...) "tienen problemas", por lo que las sanciones que imponen serían "ilegales". En el caso de Oviedo, Moreno aseveró que el del Bulevar de Santullano "no es el único que tiene defectos", y amplía la ilegalidad hasta los "foto-rojos" repartidos por toda la ciudad.

Por su parte, Ángela Fernández Carrero, del despacho del abogado Luis Pérez, defiende que en el caso de las multas del radar de Santullano puede existir "retroactividad" y reclamarse el dinero pagado a pesar de que el proceso administrativo esté cerrado. Eso sí, la letrada entiende que habría que "individualizar cada caso" y estudiar cada situación. Pero sobre todo, lo principal para poder tener alguna oportunidad de cara a la reclamación, habría que demostrar "que el aparato estaba mal. En este caso habría mucho ganado".

El problema se centra, según todos los letrados consultados por LA NUEVA ESPAÑA, en que las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, en "poquísimas ocasiones" aceptan los recursos, lo que obliga a los sancionados a acudir a los tribunales, lo que encarece un proceso que supera con mucho el importe de la sanción.