El muro administrativo que plantea el Ayuntamiento ante el presumible aluvión de reclamaciones contra las multas del radar de la entrada a la ciudad por la "Y", en lo que ahora se denomina bulevar de Santullano, junto al monumento prerrománico, aboca a los ciudadanos a acudir al Juzgado y afrontar un proceso que puede costar "entre 400 y 600 euros", según fuentes jurídicas consultadas. Las tasas, los procuradores, otros trámites y, claro está, la minuta del letrado, pueden llegar hasta esas cantidades para luchar contra las sanciones que cuatro sentencias han considerado ilegales por las carencias en las revisiones de la caja del cinemómetro. Algunos despachos de abogados de la ciudad se han planteado preparar una tarifa reducida si logran aglutinar clientes y poner en marcha sus procesos, que deben ser individuales, al mismo tiempo.

Las cuatro sentencias de un Juzgado de lo contencioso-administrativo que han declarado "ilegales" multas a sendos conductores "cazados" por el radar del Bulevar de Santullano circulando a más de los 50 kilómetros por hora permitidos han dejado en el aire las 11.333 sanciones impuestas por el cinemómetro desde que entró en funcionamiento el 25 de abril de 2012. El motivo es que la caja en la que se encuentra el radar no cumple con las especificaciones que recoge la legislación. Así al menos lo afirman los abogados especialistas en cuestiones de tráfico y de derecho administrativo que estos días ha venido consultado LA NUEVA ESPAÑA.

¿Pero qué hay hacer para reclamar y lograr recuperar el dinero de la multa (hasta 300 euros) además de los cuatro puntos del carné que supone la sanción? El Ayuntamiento cree que los afectados que hayan pagado nada tienen que "rascar" dado que consideran que los procesos administrativo y de pago de la multa "están cerrados". Pero los abogados no lo ven así.

Los letrados ofrecen la hoja de ruta para los que hayan sido multados en el último mes y medio -espacio temporal en el que los Juzgados consideran que la caja del radar no cumplía con las especificaciones- y que todavía no hayan abonado la sanción. El primer paso es presentar un recurso administrativo ante el Ayuntamiento de Oviedo por el Registro. Este paso suele ser un mero formalismo ya que todas las administraciones, salvo irregularidad flagrante, no suelen atender estos recursos. Dado este paso, habría que acudir a un abogado para llevar el caso ante la vía del contencioso-administrativo y esperar a la decisión judicial.

Aunque el grueso de la problemática de estas multas se encuentra en los que ya han pagado, esos que, según el Ayuntamiento (la mayoría) entraría en el grupo de los "procesos administrativos y de pago ya cerrados".

Los expertos legales afirman que queda un resquicio legal. Éste pasa por presentar lo que se denomina como un recurso de revisión extraordinario ante el Ayuntamiento. En este punto habría que alegar y tratar de demostrar el mal estado, por ejemplo, del radar. De rechazar el recurso, la vía que resta pasa por acudir al contencioso-administrativo, lo que obliga a contratar un abogado, pagar las tasas y esperar una minuta que puede llegar a triplicar el importe de la multa.

Para evitar esto y lograr minutas menos onerosas hay abogados que recomiendan la creación de una asociación de afectados por el radar y presentar una demanda colectiva. Y ya si hubiera que solicitar responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, ya sea por haber tenido que hacer un curso para recuperar los puntos o los gastos generados por la pérdida del carné, habría que apuntar más alto: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).