A falta de las conclusiones, que las partes presentarán por escrito, el juicio por despido colectivo planteado por los 29 trabajadores que según la Auxiliar de Recaudación debían ser subrogados por el Ayuntamiento de Oviedo, quedó ayer visto para sentencia. La sala de los social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) podría tener un fallo dentro de unos quince días y resolver, así, la vertiente laboral del conflicto derivado de la puesta en marcha del nuevo servicio de Recaudación Municipal.

En la vista celebrada ayer, tanto el abogado de la empresa como la defensa de los 29 trabajadores, representados por el abogado Federico Recalde, sostuvieron que el Ayuntamiento tiene que subrogar a los trabajadores basándose en la directiva comunitaria, reconocida ya en varias ocasiones por los tribunales nacionales, que mantiene que cuando se transmiten los medios esenciales para desarrollar determinada actividad los trabajadores han de ir ligados a esta transmisión. Es decir, han de ser subrogados. Sin importar que la empresa sea una administración pública.

La Auxiliar de Recaudación y los trabajadores defienden esta postura señalando que el Ayuntamiento necesitó para continuar con el servicio de Recaudación una serie de programas informáticos desarrollados o implementados por La Auxiliar por un valor de casi 1,4 millones de euros.

Estos programas incluyen el software básico de gestión tributaria TAO, desarrollado por T-system, que la anterior concesionaria cedió a su vez a La Auxiliar y cuya licencia está a nombre del Ayuntamiento, pero también programas propios como el desarrollado por los informáticos de la empresa para gestionar los trámites por la vía ejecutiva, y cuyo valor la empresa cifra en 1,1 millones de euros. En total, las mejoras informáticas desarrolladas en programas ajenos, los programas propios y la página web suman según las pruebas periciales aportadas por La Auxiliar esa cifra de casi 1,4 millones.

La empresa y los trabajadores mantienen que el Ayuntamiento les exigió la entrega de todos estos programas y que así figura en el contrato, lo cual, según estos abogados, hace más evidente la transmisión de los medios esenciales para el desarrollo de la actividad.

La defensa del Ayuntamiento basó su estrategia en la naturaleza del contrato suscrito con La Auxiliar, que era de "colaboración", lo que vendría a señalar que la actividad nunca fue desarrollada de forma exclusiva por la empresa. Además, la letrada municipal insistió en que el contrato especificaba de forma explícita y muy evidente que la contrata no generaría derechos para estos trabajadores.

El Ayuntamiento también alertó de que la subrogación vulneraría los principios de mérito y capacidad exigidos para el acceso al empleo público y discutió que las herramientas informáticas hayan sido todo lo útiles que debieran para seguir con la actividad municipal.

Así, explicó que algunas de esas herramientas estaban vinculadas a servidores de La Auxiliar, lo cual impedía utilizarlas y también acusó a la empresa de haber dificultado la puesta en marcha del servicio al no haber entregado los aparatos que permitían pagar con tarjeta de crédito. No obstante, los testigos de La Auxiliar aseguraron que las pasarelas de pago estaban a nombre del Ayuntamiento y que devolvieron los aparatos a la entidad financiera que se los había cedido en su día.

Más llamativo resultó el recurso de alzada presentado en las últimas semanas por otra trabajadora de La Auxiliar residente en Tarragona. A través de este testimonio, la defensa municipal aseguró que los empleados de la contrata no sólo trabajaban para el Ayuntamiento de Oviedo, sino para otros once municipios de toda España, extremo que La Auxiliar negó para la mayoría de los trabajadores. La abogacía consistorial también cuestionó que siendo los programas informáticos la parte esencial resultaba paradójico que la mayoría de los informáticos de la empresa hubieran sido excluidos del listado de trabajadores subrogados.