El vecino de San Claudio que permanece encarcelado como presunto autor de tres delitos sexuales en Oviedo -al hombre se le achacan los abusos que sufrieron dos pequeñas de 12 y 14 años en octubre del año pasado y la violación de una chica de 27 que se produjo seis meses antes- podría ser condenado a 28 años de prisión si una vez juzgado se le aplican en su máxima extensión las penas asociadas a los delitos que ahora se le imputan y que lo mantienen entre rejas de manera preventiva.

El auto de entrada en prisión dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Carmen Blanco Alonso, refleja la calificación previa del fiscal que lleva el caso, que desde un principio solicitó el ingreso en la cárcel de un hombre que está considerado por la Policía como un depredador sexual. El ministerio público considera al acusado autor de dos delitos de abuso sexual por sus ataques a las niñas. No en vano, el hombre reconoció ante la juez que siguió a las pequeñas hasta el portal de su casa cuando regresaban del colegio y que, una vez en el ascensor, las engañó diciéndoles que le ataran los cordones de los zapatos, les dijo que tenía problemas de espalda y comenzó a tocarlas cuando las niñas se prestaron a ayudarlo. El delito es el mismo en cada uno de los casos, pero el grado se agrava en uno de ellos, en el que se estima que hubo "cierta violencia o intimidación", explican fuentes ligadas al proceso. "En uno de los casos la amplitud de la pena va desde los dos hasta los seis años de cárcel. En el segundo, el más grave, la horquilla está entre los cinco y los diez", señalan las mismas fuentes. Estos hechos ocurrieron en octubre de 2016.

Lo que no reconoce el hombre es la violación de la chica de 27 años que ayer contó en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA cómo fue atacada. No asume esos hechos -ocurridos seis meses antes del ataque a las niñas y en la misma zona de la ciudad- a pesar de que las cámaras de seguridad de varios comercios grabaron su coche cerca del portal de la joven y de que la descripción de la víctima coincide con la ofrecida por las pequeñas. No obstante, al haberse negado en un principio a realizar las pruebas de ADN para contrastarlas con los restos que se conservan en las ropas de la afectada, el fiscal considera que existen indicios para sospechar que también es el autor de la violación. Por este delito de agresión sexual, en el caso de que pueda probarse, se enfrenta a entre seis y doce años de cárcel.

El acusado, según la abogada de la joven, accedió a hacerse las pruebas después de que la juez acordase que se le practicasen. "Le dio la opción de hacerlo voluntariamente y lo hizo porque sabía que en caso contrario iban a obligarlo", subraya la letrada de la asociación Cavasym, que está a la espera de los resultados.