A pesar de la variedad de casuísticas y de las posibilidades de los propietarios de edificaciones en situación irregular para legalizar la situación de las construcciones, hay casos en los que Urbanismo mantiene que no hay otra salida que la demolición de las construcciones. Sucede así cuando se trata de edificaciones levantadas en zonas de especial protección, como el monte Naranco.
De los nuevos casos que Disciplina Urbanística está investigando, y al margen del polémico chalé de Brañes que se demolió a finales del año pasado tras un largo proceso judicial, hay cinco nuevas construcciones ilegales detectadas en el último año y medio que no son susceptibles de ser legalizadas. Tres de ellas están levantadas en la zona del Naranco. Una, tal como publicaba ayer LA NUEVA ESPAÑA, es una construcción con otras pequeñas edificaciones en la misma finca, en la zona de Villapérez. Pero existen, al menos, otros dos casos más de construcciones ilegales en el Naranco. Uno de ellos se ha detectado, precisamente, al encontrarse un expediente sancionador del que no se tenía conocimiento desde el año 2004. En el otro caso, como en el de Villapérez, son los procedimientos relacionados con el Registro de la Propiedad los que hacen saltar las alarmas en Urbanismo.
El concejal Ignacio Fernández del Páramo (Somos) admite que el proceso de recursos y la judicialización de estos expedientes abre un camino muy largo pero en el que al final la administración funciona como una apisonadora muy lenta. Al final, las viviendas se demolerán. En algunos casos, asegura, hay vecinos que ya lo asumen y han iniciado la restitución de la legalidad de la parcela.
