El Partido Popular ha alertado esta mañana en la Junta sobre el riesgo de que la puesta en marcha de un sistema de subasta para adquirir los medicamentos que se dispensan en las farmacias asturianas implique una bajada de la calidad de esos fármacos y conlleve desabastecimientos.
"Un sistema de compra basado única o prioritariamente en el precio no es el mejor, y el ahorro pretendido puede acabar convirtiéndose en un problema mayor", advirtió el diputado popular Carlos Suárez al consejero de Sanidad, Francisco del Busto. "Si se reducen los precios hasta llegar a una bajada temeraria, como ha sucedido con las agujas de insulina, los pacientes terminan pagando el pato", aseveró Suárez.
La única experiencia de subasta de medicamentos registrada hasta la fecha en España se ha llevado a cabo en Andalucía. Afecta a aquellos fármacos que son prescritos por el médico en su receta como principio activo, y no como marca comercial. El objetivo de la Administración es "obtener un precio inferior al que el Ministerio de Sanidad marca como un precio menor", señaló Del Busto.
El titular de Sanidad precisó que la praxis andaluza ha sido recientemente refrendada, en su vertiente jurídica, por el Tribunal Constitucional, que "su bondad parece clara" y que su Departamento la analizará "de un modo muy sosegado y participativo". "La calidad de los fármacos viene avalada por la Agencia Española del Medicamento", subrayó Francisco del Busto.
Entre tanto, Carlos Suárez indicó que, bajo este mecanismo de compra de fármacos que se firma por un plazo de dos años, "la calidad es aceptable en un primero momento, pero con el paso del tiempo se detecta una bajada de la calidad, con un porcentaje de principio activo cada vez menor, y generando un problema que tienen que terminar resolviendo las farmacias de proximidad". "Los adjudicatarios de estas subastas sólo pueden ser, normalmente, empresas localizadas en la India o en países similares", señaló el diputado popular.
De otra parte, el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha acusado al titular de Sanidad de propiciar la existencia de "listas negras" de pacientes en espera para operarse. "Usted está vulnerando la legislación estatal en materia de transparencia, está falseando datos, lo cual podría tener consecuencias jurídicas", argumentó Vilanova en alusión a "pacientes a los que se llama por teléfono, se les ofrece operarse en un centro alternativo y, si lo rechazan por cualquier causa, por ejemplo porque allí no disponen de apoyo familiar, se les posterga y se les retira la prioridad". El Consejero respondió al diputado morado: "Si cree que me he saltado a la torera el real decreto sobre esta materia denúncielo, pero no venga a esta Cámara amenazando".
