Suena difícil de entender porque nada que ver tiene con el gusto por el sufrimiento o con penitencias. Pero el que quizá haya sido el mayor latigazo al tripartito, una bofetada judicial en su centro de gravedad ideológico, puede ser, justamente, el puntal para dar sustento a una de las grandes apuestas estratégicas de la progresía municipal. Al poco rato del revés, medias sonrisas, guiños y susurros. El castigo no dolía tanto. Aunque sea a costa del bolsillo. La obligación de asumir a los antiguos trabajadores de la contrata de Recaudación asienta un servicio que arrancó menguado, corto de trabajadores, con una parte cedida al Principado y con dificultades para tomar velocidad de crucero.
Comerse -o tener que abrirles la puerta de atrás, como diría el edil Rubén Rosón- 29 nuevos empleados municipales por orden del juez suena a sapo difícil de tragar, cuando el trío del poder ovetense había hecho del "no pasarán" -los trabajadores de la contrata privada- la condición irrenunciable a la hora de convertir en municipal el servicio de cobro de impuestos.
El desenlace de las idas y venidas judiciales pone bajo el paraguas público a las casi tres decenas de trabajadores en nómina de la empresa La Auxiliar de Recaudación, titular durante los últimos años de uno de los grandes servicios contratados externamente en Oviedo.
Se veía venir el fallo judicial en ese sentido. El letrado Miguel Teijelo venía celebrando los hitos que iban dando la razón a los empleados. Despojados de su trabajo, jugaron fuerte a favor de considerar que lo que había detrás de la remunicipalización era una continuación del servicio que ellos ofrecían y que, por tanto, les correspondía seguir prestándolo, estuviera en manos de quien estuviera la gestión. Y así fue.
Ahora, Oviedo tiene la Recaudación con todas sus piezas y hasta le sobran. Con la viñeta, el IAE y el pago ejecutivo transferido al Principado por cuatro años, piensan en el tripartito que incluso podrían enviar a algunos al departamento de sanciones de la Policía Local y sacar así unos cuantos agentes a la calle, lejos de las oficinas.
Para conseguir algo así, se imponen la negociación con los que ahora entran al Ayuntamiento. Por cierto, que sus plazas tendrán que salir a concurso en el máximo de un año, como sucede por ley con los que entran a la función pública local mediante sentencia. Así, y gracias a la Justicia, el Ayuntamiento aumentará plantilla, una de las peticiones clásicas del tripartito, y burla la ley de Montoro que lo impide. La dulce bofetada tiene la pega de que será a costa de dejarse de la pasta (el millón que cobran los de La Auxiliar) y modificar el presupuesto que, por cierto, insólito, sigue sin aprobar aun dándose un gobierno en mayoría. Rubén Rosón, concejal de Economía, hace números gruesos y apunta a que sigue ganando. Frente a la gestión privatizada, anotaba cinco millones a favor en la cuenta del Ayuntamiento. Ahora serán cuatro. Negocio redondo para el tripartito. Varapalo judicial, sí, pero servicio apuntalado, treinta puestos nuevos en el Ayuntamiento y golpe en la moral del Alcalde, diseñador de toda la hoja de ruta en este sainete de la Recaudación.
