La Comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer por unanimidad que la ciudad se adhiera a la línea de estímulo económico de las entidades locales que depende del ICO (Instituto de Crédito Oficial) con el objetivo de solicitar un préstamo y con él pagar el principal y los intereses de la expropiación de "Villa Magdalena". La intención del tripartito local (Somos, PSOE e IU) es la de solicitar un crédito por un importe total de 32,8 millones y liquidar una deuda de una compra que se produjo en los años 90 del siglo pasado.

Rubén Rosón, concejal de Economía, cargó contra el PP y su gestión, del que dijo que "hemos heredado este agujero y que ha sido uno de los elementos clave que ha mediatizado la elaboración de este presupuesto". A pesar de la deuda de "Villa Magdalena", el edil podemista destacó que "aún así" los miembros del tripartito "salvaremos el gasto social y que se puedan realizar inversiones".

La intención del municipio es la de pagar el crédito en diez años. Según otras fuentes, este tipo de créditos permiten ser anulados si a lo largo de la vida del préstamo se encuentra otro con mejores condiciones. Todos los grupos, tanto los que componen el gobierno a tres bandas del Ayuntamiento, como la oposición (PP y Ciudadanos). La deuda de "Villa Magdalena" es una de las herencias envenenadas recibidas del tripartito de la etapa del PP en la Alcaldía. El asunto se remonta a tiempos de Gabino de Lorenzo como alcalde, cuando se acordó expropiar el palacete de la avenida de Galicia a la empresa Comamsa SA. Se inició entonces un laberinto judicial que el PP trató de zanjar con un acuerdo con la empresa para liquidar la deuda a cambio del subsuelo de la calle Uría y el entorno del Campo San Francisco para la construcción de un aparcamiento. Pero los tribunales tumbaron el acuerdo y el proceso volvió a comenzar. Al final, los tribunales dieron la razón a Comamsa y condenó al Ayuntamiento a pagar más de 30 millones de euros. Esta cantidad, sumada a lo que pagado y consignado a lo largo de los años, eleva la factura por lo que hoy es una biblioteca a más de 60 millones de euros.

Los tribunales también han condenado a la ciudad a pagar 18 millones de euros por retirar la concesión de la explotación del Palacio de Congresos de Calatrava a Jovellanos XXI, la empresa, ya desaparecida, que promovió la construcción del complejo en la parcela de Buenavista. En este caso el Ayuntamiento recurrió al Supremo a la espera de no tener que realizar el pago o reducir la cuantía.