Un informe de los servicios jurídicos municipales señala directamente a Agustín de Luis, anterior jefe de la Policía Local, ya jubilado y en la cárcel por paralizar un atestado de un accidente de tráfico con alcoholemia, de ser el principal responsable de haber repartido las polémicas tarjetas para aparcar gratis en zona azul o en lugares prohibidos como calles peatonales y reservados para carga y descarga. A raíz de una investigación realizada por el tripartito se ha descubierto que políticos del PP, alcaldes de barrio vinculados al partido conservador, empresarios o algunos jueces poseían estas tarjetas.
Según el informe al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, y que ha sido realizado por Patricia Ibaseta, directora general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, las tarjetas -popularmente conocidas como "blue"- se "otorgaban" por De Luis "sin que se conozcan exactamente cuáles eran los criterios o instrucciones" en los que se basaba para dar luz verde a los permisos. El informe también destaca que el anterior jefe de la Policía Local lo hacía "sin que en muchos casos exista expediente, solicitud, constancia del pago de tasas?".
De ahí que la responsable de los servicios jurídicos municipales señale que "únicamente la declaración" de Agustín de Luis "podría aclarar la concesión de las tarjetas o autorizaciones". Pero esto parece bastante improbable ya que el anterior jefe de la Policía Local ya no es funcionario, y además cumple condena en una cárcel de Lugo reservada para militares y agentes del orden por paralizar un polémico expediente de tráfico. El informe también señala que desde la jubilación de Agustín de Luis y la toma de posesión de José Manuel López como nuevo comisario de la Policía Local (enero de 2013), se comenzaron a aplicar una serie de criterios -"si bien no habían sido aprobados expresamente por la Corporación", reza el escrito- para otorgar las tarjetas. ¿Y cuáles son los criterios utilizados? Pues estos pasan por otorgar permisos de aparcamiento -no incluyen las "tarjetas blue" para aparcar gratis en zona azul- en determinadas zonas reservadas a los camiones que colocan los cubos de basura, a los vehículos propiedad del Ayuntamiento, a los de las contratas municipales, a los vehículos oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional, Local, Guardia Civil, CNI...) o a los de jueces y fiscales (para aparcar en las plazas reservadas frente a las distintas sedes judiciales),
La abogada consistorial cree que a raíz de la aplicación de estos criterios se pasó de 2.121 tarjetas a 1.225, lo que supondría que no se habrían renovado 896 permisos. De estas, según el informe, ninguna permitiría aparcar en zona azul. El informe de Patricia Ibaseta concluye realizando una serie de recomendaciones al gobierno local, en manos del tripartito que forman Somos, PSOE e IU. Para empezar, la abogada consistorial afirma que "ante la inexistencia" de unas líneas fijas a seguir para la concesión de las autorizaciones para aparcar y circular por zonas prohibidas "es precisa y urgente la aprobación de unos criterios al efecto". En las conclusiones que se reflejan en el documento se dice que queda probado que hay dos etapas diferenciadas en la manera de otorgar los permisos: la de Agustín de Luis y la de José Manuel López. En el tiempo en el que De Luis tuvo mando en la Policía Local -más de tres décadas en dos etapas distintas separadas por un paréntesis de cuatro años- "no existían" criterios, por lo que las tarjetas se otorgaban "en base a unos criterios tácitos o no escritos no instrucciones cuyo contenido se ignora".
En cuanto a los permisos para aparcar gratis en la zona azul, las llamadas "tarjetas blue", las conclusiones del informe de la letrada municipal refleja que no se ha dado ninguna desde julio de 2015 -días en los que el tripartito accedió al poder- además de las que permite la ordenanza 123 (policía, minusválidos...) "y de las ya existentes". E insiste en que "con anterioridad" existían las tarjetas "excediendo los supuestos autorizados" en la citada ordenanza.
El informe también avala que las tarjetas que no cumplen con los criterios autoimpuestos por el actual jefe de la Policía Local hayan servido para retirar las tarjetas que iban caducando. ¿Y por qué no revocarlas estando vigentes si no cumplían con la ordenanza? Pues porque, a juicio de la letrada, existe "la necesidad de una motivación para proceder a su revocación" y al no existir criterios aprobados para darlas se podrían vulnerar derechos individuales. Y sobre las tarjetas que no cumplen con la ordenanza habla de "situación irregular, pero no constitutiva de conducta penal", siendo considerado, en cualquier caso, una tacha de carácter administrativo.
