El tripartito local (Somos, PSOE e IU) trabaja contra el reloj para poder iniciar el proceso con el que solicitar responsabilidades patrimoniales a aquellos -fundamentalmente concejales del PP de los tiempos de Gabino de Lorenzo como Alcalde- que tuvieron algo que ver con la millonaria expropiación de la finca y el palacete de "Villa Magdalena" (más de 65 millones de euros). Y es que se acaba el plazo para tratar de meter la mano en el bolsillo de los populares por la factura del palacete de la avenida Galicia, pero el Alcalde y los suyos están encontrando más resistencia de la esperada entre los altos funcionarios municipales que deben dar forma legal al proceso.
¿Por qué? De mano, el Ayuntamiento necesita que alguno de los juristas con los que cuenta el Consistorio (secretario, abogados consistoriales...) pongan en marcha un expediente informativo en el que aparezcan negro sobre blanco los nombres de aquellos que tuvieron algo que ver con una operación que ha resultado ruinosa para los intereses del concejo. Aclarado el panorama administrativo, el siguiente paso sería acudir a los tribunales a exigir que, tal y como claman desde el tripartito, "la deuda la paguen quienes la generaron". El principal problema con el que se ha encontrado el gobierno local es que los altos funcionarios a los que han "tocado" para hacer el necesario informe o ya han adelantado que concluiría con que no hay responsables del desaguisado o simplemente se han puesto de perfil. Eso sí, toda de palabra, nada por escrito. Y eso que el tripartito maneja una lista con 25 funcionarios que cumplen los requisitos para ser los instructores de este tipo de informes. Allí aparecen los nombres por orden alfabético. Se hizo para agilizar el reparto de otras investigaciones de calado (incendio de Uría, tarjetas blue...), para evitar suspicacias y para que un mismo jurista no acumulara demasiados expedientes calientes. El fondo de la cuestión es que nadie quiere comerse el "marrón" de un informe que tendría que acabar señalando también a compañeros funcionarios que dieron el visto bueno a las decisiones políticas del PP. Y tampoco hay muchas ganas de señalar a ediles que todavía están en activo.
Aunque además de razones de compañerismo, los abogados municipales esgrimen razones jurídicas. Y aquí entra el informe que el Tribunal de Cuentas del reino dio a conocer en mayo de 2011. En su informe, el Tribunal de Cuentas señalaba que el Ayuntamiento no sufrió daños patrimoniales por la expropiación de "Villa Magdalena", y que en la gestión municipal del momento -en manos del PP- no hubo "responsabilidad o alcance contable". En otras palabras, que no se produjeron pagos injustificados que tuvieran que ser reintegrados a las arcas municipales por los gestores públicos.
Cuestión de fechas
Mientras, el reloj corre contra los intereses municipales. Y es que al Ayuntamiento le quedan pocos días para poder iniciar el proceso. En concreto, la ciudad tenía un año para exigir la responsabilidad patrimonial a partir de que el Supremo dictó la última sentencia sobre el justiprecio de "Villa Magdalena", tras un largo periplo administrativo-judicial que comenzó en octubre de 1996. El fallo del Supremo se dio a conocer el 10 de mayo de 2016. Aquí también hay discrepancias. Hay quien dice que el tiempo empezó a correr ese día. Otros que el contador comenzó a moverse cuando el Supremo concretó el precio final de "Villa Magdalena", lo que sucedió el 26 de junio de ese mismo año.
Sea la fecha que sea, el tripartito se apura en llegar a tiempo para tratar de señalar a los responsables políticos de la factura de "Villa Magdalena" y cumplir con su promesa electoral de "abrir las ventanas y levantar las alfombras" del Consistorio que dejó el PP.
