El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Principado ha denegado el segundo permiso carcelario a José Luis Fernández Alas, el hombre que el 1 de noviembre de 2002 asesinó en Teatinos a hachazos a su exsuegro, Isaac González García, y luego retuvo a su exmujer e hijos en el piso en el que estos residían. El suceso conmocionó a la ciudad ya que la víctima era muy conocida. Isaac González García fue durante más de una década jefe del Departamento de Historia y Arte del Colegio Internacional de Meres, director pedagógico de la Escuela de Hostelería y responsable de la Escuela de Cine de Noreña.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechaza así el permiso concedido en noviembre del año pasado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Asturias. Los motivos esgrimidos por el juzgado se basan en que el condenado, a través de su abogado, comenzó a realizar gestiones para anular la orden de alejamiento que pesa sobre él y para rebajar la cuantía de la indemnización que debe pagar a las víctimas.

La noticia, según el abogado de las víctimas, Alejandro Riera, ha mostrado "su alivio y tranquilidad por la decisión judicial, dado el temor que han venido padeciendo, desde el mes de octubre del pasado año, habida cuenta las actuaciones procesales llevadas a cabo por el condenado, y la anterior concesión del permiso de salida, sin haber sido escuchados previamente".

El asesinato de Isaac González García se produjo cuando su hija se había separado de José Luis Fernández Alas. El día del suceso, el 1 de noviembre de 2002, la mujer acababa de recibir varias amenazas de su exmarido. Acompañada por el profesor y sus dos hijos llegó en coche al domicilio de sus progenitores. Los niños y la exmujer subieron a la casa donde estaba su madre (la mujer de la víctima) y su abuela, mientras el fallecido guardaba el vehículo en el garaje. Allí le esperaba su asesino. Lo mató a hachazos. Con las llaves del profesor y el hacha ensangrentada en la mano accedió a la casa donde estaba el resto de la familia, incluidos sus hijos de 8 y 2 años, y los retuvo durante cinco horas.

Por estos delitos, la Audiencia Provincial le condenó en 2004 a 41 años y medio de cárcel (18 por asesinato, uno y medio por allanamiento de morada y 22 más por secuestrar a cinco personas). Lo máximo que cumpliría, según el Código Penal, son 25 años. Además la Audiencia le retiró el ejercicio de la patria potestad respecto a sus hijos y le prohibió acercarse y comunicarse con las víctimas y con su familia.