La resistencia de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo a realizar un informe señalando a los responsables (políticos, trabajadores públicos...) de la millonaria expropiación de "Villa Magdalena", con el objetivo de exigirles responsabilidades patrimoniales, ha obligado al tripartito local (Somos, PSOE e IU) a buscar una solución de emergencia. Ésta pasará, en un principio, por utilizar las atribuciones "manu militari" que la legislación otorga al Alcalde. La idea del tripartito pasa por que sea Wenceslao López (PSOE) el que señale a quien considera que fueron los responsables políticos de que el municipio tenga que pagar una factura total por el palacete de la avenida Galicia de más de 65 millones de euros (restan por abonar 32,8 millones).

Esta salida permitiría, tal y como hay quien confía en el seno del tripartito, salvar las reticencias que han mostrado varios juristas municipales a la hora de iniciar el expediente necesario para señalar a los responsables del fiasco de "Villa Magdalena" para luego llevarlos ante los tribunales. ¿Y por qué? Pues porque el Alcalde "elegiría" directamente a responsables políticos, todos ellos del PP, dejando de un lado a los trabajadores municipales que en su día tuvieron algún tipo de relación con el grueso expediente -su génesis comenzó en octubre de 1996. Y es que una de las pegas que han puesto algunos de los altos funcionarios habilitados para hacer este tipo de informes es que si optaran por ser los instructores del expediente tendrían que incluir en él a compañeros como responsables de lo sucedido con la expropiación de "Villa Magdalena", algo que rechazan frontalmente. Tampoco tienen muchas ganas de culpar a políticos, y menos a algunos que todavía siguen en activo. Cosa distinta es que sea el propio Alcalde el que señale los nombres de los ediles a los que considera culpables de la factura de "Villa Magdalena" y sobre los que el funcionario al que le toque el expediente tendría que realizar la investigación.

Otros de los funcionarios a los que el tripartito ha planteado la posibilidad de dirigir la investigación por vía administrativa ya le han dejado claro de forma taxativa que las conclusiones de su informe iban a seguir los pasos del auto dictado por el Tribunal de Cuentas en mayo de 2011. ¿Y qué decía el Tribunal de Cuentas? Pues que en la gestión que hizo el Ayuntamiento de la expropiación de "Villa Magdalena" -siempre bajo el auspicio del PP- no hubo "responsabilidad o alcance contable". Es decir, que no habría motivo para reclamar a los jerarcas del PP de aquellos años (Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, Agustín Iglesias Caunedo...) daños patrimoniales por la operación que lleva años coleando y que tardó dos décadas en dirimirse en los tribunales.Un informe con "sesgo político"

Esta vía no convence en determinados sectores del tripartito, ya que consideran que "el informe, aunque lo acabe firmando un funcionario, acabará teniendo un claro sesgo político". Pero el problema es que al gobierno local se le acaba el tiempo. El plazo para iniciar el trámite se agota, ya que el tripartito tenía un año desde que el Supremo dictó la última sentencia sobre "Villa Magdalena" (mayo de 2016) para exigir responsabilidades patrimoniales.

¿Y qué opinan en el tripartito sobre lo que está sucediendo? Pues ninguna de las tres patas del gobierno local hizo ayer valoraciones. El alcalde, Wenceslao López (PSOE) se despachó con un "no hay comentarios". Por su parte, Ana Taboada, líder de Somos, utilizó la misma fórmula para luego solicitar "que haya tranquilidad". Tampoco desde IU quisieron dar su opinión. Lo mismo hizo el PP, el principal partido de la oposición. Donde sí hablaron fue en el grupo municipal de Ciudadanos. Entre otras cosas, la formación naranja considera que el tripartito no necesita ningún informe técnico para acudir a los tribunales. "Si los miembros del Gobierno creen que los anteriores responsables cometieron algún delito, pueden denunciarlo individualmente como grupo municipal, no necesitan ningún informe administrativo", aseveró Luis Pacho. "Creemos que hubo una gestión nefasta de la expropiación del palacete, pero donde se tiene que castigar es en las urnas, máxime cuando hay un informe del Tribunal de Cuentas que dice que no hay cabida para exigir responsabilidades", añadió Pacho para defender a los funcionarios y exigir que "no haya presiones políticas".